La conducción de la reunificada CGT, comandada por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, condenó la reforma laboral aprobada en Brasil por ser atentatoria de los derechos adquiridos de los trabajadores, imponer nuevas cargas y coartar beneficios, a través de un documento de la Confederación Sindical de las Américas (CSA).
El secretario de Prensa y Comunicación de la central obrera, el dirigente del Seguro Jorge Sola, difundió el documento de la CSA, aprobado y firmado por CGT como integrante de esa organización, en repudio a «un accionar que afectará a todas las economías regionales» y que «los gobiernos de turno procurarán imitar para ejercer similares reformas».
Bajo el título «Reformas contra trabajadores en Brasil amenazan a toda América Latina», la CSA que conduce el paraguayo Víctor Báez Mosquera, sostuvo que ese país es hoy «el laboratorio de las más agresivas y reaccionarias reformas antilaborales regionales» como consecuencia de «un abrupto giro político hacia la derecha».
La organización regional acusó a «la amplia coalición de fuerzas políticas, empresarias y sociales reaccionarias que asestaron hace más de un año un golpe de Estado parlamentario para sustituir a la expresidente progresista Dilma Rousseff por su vice Michel Temer, un conservador e ilegítimo sucesor», y expresó que «los medios enfocaron esa campaña con denuncias sobre sus supuestas prácticas corruptas y las de su antecesor Luis Inacio Lula Da Silva».
«La campaña anticorrupción fue un pretexto. Nada fue probado. El golpe de Estado se hizo para aplicar un programa socio-económico rechazado por el pueblo en las cuatro elecciones anteriores. El Congreso aprobó una ley que generaliza la tercerización o subcontratación, lo que implica reducción salarial, debilitamiento sindical y de la contratación colectiva. La tercerización favorecerá en especial a corporaciones y multinacionales», resaltó.
La CSA rechazó «la modificación constitucional que permitirá el congelamiento de los gastos sociales del Estado durante 20 años, lo que impedirá cualquier mejora de los servicios públicos y abrirá el camino a más privatizaciones en salud y educación».
La Confederación también repudió el intento de reforma previsional, que hará «más difícil la jubilación a partir del aumento de la edad y los años de contribución, afectando en especial a las mujeres y a los rurales, y reduciendo pensiones».
La CSA condenó la aprobación de «la reforma laboral sindical (Consolidación de Leyes del Trabajo), propuesta por abogados y empresas, respaldada por las cámaras y con vigencia en 4 meses».
«La contrarreforma laboral afecta más de 120 aspectos individuales y colectivos que protegían las condiciones de trabajo. Permite la negociación individual entre patrones y obreros; elimina la idea de jornada laboral; crea el empleo intermitente; autoriza el despido por común acuerdo de partes; inutiliza el salario mínimo nacional y los pisos de haberes por gremio; bloquea la reivindicación de derechos ante la justicia y accede al trabajo de las mujeres embarazadas en ambientes insalubres», puntualizó la organización.
«No habrá salarios ni empleos dignos. El nuevo mundo laboral brasileño se asemejará al de hace 100 años. Y, el gobierno, va ahora por la jubilación contrarreloj. Ese es el proyecto de las fuerzas de derecha de las Américas y el mundo: una contrarrevolución neoliberal observada por el mercado. Si avanza, los cambios legales serán una señal para atacar las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», aseguró.
Por último, señaló que la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, a realizarse entre el 16 y el 18 de noviembre próximo en Montevideo, debe ser «un gran momento de lucha sindical para enfrentar a la contrarrevolución neoliberal regional», concluyó el documento.