La intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), a cargo de la diputada nacional del PRO, Gladys Gonzalez, presentó el requerido informe de gestión al Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral, en el que se detallan las acciones tomadas en los primeros seis mese
s de su trabajo.
En el texto judicial, al que InfoGremiales accedió en forma exclusiva, se pueden observar las decisiones políticas y administrativas de la mandamás judicial del gremio, y también las resoluciones en materia económica con los aportes de los afiliados, que dejan varios puntos para reseñar que seguro traerán polémica
Sabido era que el desembarco en el SOMU implicaba el manejo de una nada despreciable caja para quien se quedara con el lugar (quizás también explique las pocas ganas de abandonar el espacio), y eso se comprobó en el escrito elevado a Canicoba Corral que lleva la firma de la propia Gonzalez. Es que sólo en salarios, a los afiliados del sindicato la estructura dispuesta por la intervención les cuesta más de 20 millones de pesos al año.
La cifra se compone 1.671.970 pesos que se destinan mensualmente a la estructura, con diseño y aires empresarios, que armó el macrismo del gremio de marineros
Del total de los salarios
pagados por los aportes de los marineros, se destacan los 59 mil pesos mensuales que se otorgó a si misma la interventora (casi unos 720 mil pesos al año).
La particularidad de ese dinero es que para esquivar los problemas de incompatibilidad con su puesto en la legislatura, que la tuvieron contra las cuerdas y cerca de tener que renunciar a la diputación, figuran como gastos de «representación».
También llamaron la atención los casi 260 mil pesos mensuales destinados al flamante «team» del Departamento de Administración y Finanzas o los 170 mil destinados a la Secretaría General.
Como si los nombramientos no fueran suficientes, además hubo cesantías y juicios que deberán ser afrontados con fondos del gremio. Es que luego de la salida de los otros dos interventores no
mbrados por el Juez, Jorge Alonso y Santiago Viola, la diputada resolvió cesantear al personal que había sido sugerido por ellos. Es decir que la cruda interna en la que se sumieron los interventores y de la que emergió la figura de Gonzalez en soledad, tendrá también impacto en el bolsillo de los marineros, En el escrito figuran tres casos puntuales, pero señalan que son «varios» los conflictos abiertos.
En términos estrictamente gremiales la intervención tampoco parece haber sido muy fructífera, ni atractiva. No sólo la salida del cuestionado «Caballo» Suarez no derivó en mayor acercamiento a los trabajadores, sino que se dio el proceso inverso. Es que del propio informe se desprende que en los primeros meses de gestión de la intervención hubo 4.599 afiliados suspendidos y otros 2.002 dados de baja. Una notable pérdida de representación y de ingresos para la asociación sindical.