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La CGT Azopardo contra el enjuiciamiento de docentes fueguinos
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Actualidad 28/10/2015 08:30:44
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La CGT Azopardo contra el enjuiciamiento de docentes fueguinos
La CGT Azopardo contra el enjuiciamiento de docentes fueguinos

La Secretaría de Políticas Educativas de la CGT Azopardo, rechazó "la criminalización de la protesta social en Tierra del Fuego" y reclamó "la nulidad del intempestivo juicio a los 36 luchadores populares y el cese de las persecuciones".

28/10/2015 08:30:44
Un comunicado de la central obrera que lidera el dirigente camionero Hugo Moyano, reseñó que el 4 de noviembre próximo 36 integrantes de los gremios fueguinos docente (SUTEF) y camionero serán enjuiciados por "los hechos enmarcados en la extensa, desgastante y dolorosa lucha de 2013, en la que los maestros se opusieron a las políticas de ajuste".

"El juicio tiene carácter persecutorio y amedrentador y apunta de forma directa a intimidar y desmovilizar a los trabajadores para que cesen con las medidas de acción gremial", puntualizó esa Secretaría de la CGT Azopardo, que conduce Miguel Díaz (UDOCBA).

El sindicalista explicó que hacia fines de 2012 la Legislatura provincial -sin mayoría oficialista provincial- aprobó la "Ley Tarifaria", que modificó las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos y creó un Fondo de Financiamiento para educación y salud.

En febrero de 2013, en simultáneo con la paritaria nacional que alcanzó un 22 por ciento, la gobernadora Fabiana Ríos propuso a los docentes un 8 por ciento de aumento para el primer cuatrimestre y otras mejoras, según la recaudación fiscal.

"El conflicto comenzó cuando la Legislatura aprobó herramientas recaudatorias y, la gobernadora, ofreció un porcentaje menor. La propuesta oficial no fue aceptada y, los docentes, realizaron un paro de 24 horas, al que continuó la toma de los edificios de la Dirección General de Rentas de Río Grande y Ushuaia", señaló.

Díaz subrayó también que entre marzo y abril de 2013 el Ejecutivo publicó el decreto 584/13 e impuso un aumento del 23 por ciento (mayor al de la paritaria nacional), aunque con una mejora promedio menor, ya que decidió un incremento escalonado en marzo, agosto y octubre, lo que disminuía el porcentaje anual.

El Legislativo aprobó, en simultáneo, una ley que estableció la liquidación del 100 por ciento de zona desfavorable también sobre la antigüedad, un beneficio que ya perdibían los demás eempleados estatales, lo que de forma previa se aplicaba sobre el básico.

Se derogó el decreto de aumento del 23 por ciento y se decidió no vetar la ley, pero el gobierno se manifestó en rechazo de su vigencia, ya que generó "una distorsión en la discusión salarial".

Mientras tanto, se realizaron asambleas, paros, piquetes y movilizaciones en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.

El 22 de mayo de 2013 el Congreso Provincial de Delegados decidió una huelga de 48 horas para el 23 y 24 y una movilización hacia la Casa de Gobierno, con permanencia en el lugar; "hubo represión policial y, los docentes, determinaron quedarse hasta que se solucionara el problema salarial", ocasión en la cual participó en la medida el Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA).

El SUTEF justificó la demanda en "el aumento del valor de la canasta básica en la provincia", ya que "un docente con cargo inicial percibe 4.600 pesos de bolsillo contra los más de 10 mil pesos que vale esa canasta familiar", indicó entonces Patricia Vázquez, secretaria de Comunicación del sindicato.

El 24 de mayo la CGT Azopardo y la CTAA convocaron a otro paro provincial, al que adhirió la mayoría de los gremios, y se movilizaron, por lo que Trabajo dictó la conciliación obligatoria.

La CTAA llamó a una huelga de 72 horas para el 27, 28 y 29 de mayo, que se realizó con piquetes en Río Grande, a la vez que continuaba la toma de Casa de Gobierno y se negociaba en Economía.

El 30 de mayo, el SUTEF organizó asambleas en Río Grande y Ushuaia y exigió negociar los días por salarios caídos; aceptó la tercera propuesta que elevó el haber del cargo inicial al 100 por ciento del piso nacional y decidió permanecer en la Casa de Gobierno hasta que se alcanzara un acuerdo por esos días caídos.

Al día siguiente, se constató "el estado en que estaba el ala izquierda del primer piso de la Casa de Gobierno con escribana, funcionarios, dirigentes docentes y abogados de ambas partes", concluyendo la permanencia gremial y retomándose las clases.

Luego se homologó el acuerdo en paritarias y, después de cinco de años de ajuste salarial por inflación por parte del gobierno, se logró entre el aumento del básico y el 100 por ciento por zona a la antigüedad a partir de la reforma de la Ley 288, un 46 por ciento de mejora para los maestros iniciales, alcanzando de esa forma un 53 por ciento para los de 24 años de antigüedad.

En noviembre de 2013 comenzaron los sumarios administrativos y las declaraciones indagatorias en el juzgado de Gamas Soler, que concluyeron en el juicio de 36 docentes y camioneros.

El SUTEF aclaró que ningún trabajador fue imputado por daños al edificio, robo, sustracción o por arriesgar las instituciones.
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