A partir de la divulgación del tema que hizo la Asociación de Abogados Laboralistas dónde reprochan la legalidad del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la empresa McDonalds, en el marco de la ejecución del programa “Acciones para el Entrenamiento en el Trabajo” (EPT), empezamos a ahondar en la actualidad de las políticas de empleo que lleva adelante la cartera a cargo de Jorge Triaca. Allí encontramos un panorama que se condice con el resto de la gestión del gobierno macrista, mucha comunicación, poca acción y, donde la hay, profunda regresión en los roles del Estado.
Para ser justos hay que decir que la acción conjunta entre el la cartera laboral y McDonalds en el programa EPT proviene de la época de Carlos Tomada, e incluso había sido cuestionada por funcionarios del área de empleo desde la misma perspectiva en la que la AAL pone el acento. Sin embargo, hasta el año pasado el Ministerio participaba activamente en la selección del personal que se integraba a esta línea y “direccionaba” a la firma respecto de la población a emplear, logrando que muchos pibes del programa “Jóvenes” (actualmente desactivado) sean incluidos en la nómina de la cadena de hamburguesas.
Otros programas del área de empleo fuertemente restringidos y en desarme, permitían contener una gran cantidad de jóvenes en situación de riesgo a partir de la modalidad de “promotores” (de salud, de derechos, de deporte, etc). Ese era el primer escalón de institucionalización de personas de entre 18 y 24 años que tenían un historial de abandono escolar y carencia de empleo, y que de esta forma podían estar vinculados con alguna acción estatal que le permitiese un reencausamiento de su proyecto personal. Es paradigmático el caso de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en los diferentes asentamientos del AMBA. Allí las acciones llevadas a cabo (asesoramiento judicial, direccionamiento en programas, acciones de ANSES y Salud, etc.) incluyeron una gran cantidad de chicos y chicas de los propios barrios que lograban tomar su primera experiencia laboral, a la vez que colaboraban con sus vecinos.
“Los pibes cumplían la gimnasia de un horario, de estar presentados, de aprender para asesorar a los vecinos y tenían un ingreso, que si bien no era un salario era un estímulo que los sacaba de la calle y fortalecía las acciones del Estado como respuesta a ese callejón sin salida que muchas veces se genera por el sólo hecho de haber nacido en una villa”, reflexiona y se lamenta el encargado de un CAJ porteño que perdió a 6 jóvenes que trabajaban y se formaban en ese espacios hasta enero de este año.
Del mismo modo, se observa una sensible merma en la oferta de formación profesional que el Ministerio lleva adelante tradicionalmente. Fuentes del organismo cuentan la escala de un profundo reacomodamiento en el área que desarrollaba esta tarea (particularmente una funcionaria muy allegada al ex ministro Tomada). A eso se le suma una suerte de reseteo de los actores con los cuales el Ministerio conveniaba y la característica operatoria de subejecución de partidas del macrismo, que en el caso del área de empleo se potencia con la incapacidad que tiene la Secretaria a cargo de un ex Techint -Miguel Ponte- de ejecutar créditos internacionales que quedaron puestos a punto por la gestión saliente.
Son varias las observaciones que se hacen respecto de la decepción que implica la decisión de poner un CEO al frente de un área neural como es empleo. Incluso fuentes cercanas a Triaca comentan que éste ya habría elevado sugerencias de cambio. El concejo llegó a caballo de la incapacidad que tuvo Ponte para presentar un plan, mas o menos concreto, cuando el propio Mauricio Macri tuvo necesidad de dar una respuesta al tema laboral. De hecho, si se chequea el discurso del Presidente y las acciones propuestas al lanzar su programa, se verá que pasados 60 días no ha habido novedad ninguna al respecto. Salvo la foto con los uniformes del Payaso hamburguesero, claro.