Hace más de un mes que el conflicto entre los choferes de la Línea 60 y la empresa Monsa es parte de la agenda pública. En los últimos días, corte en la Panamericana y represión mediante, comenzó a agitarse el fantasma de un posible problema político jugando detrás de la escena. Muchos apuntaron a supuestas motivaciones partidarias, pero todavía nadie descubrió el velo sobre los intereses económicos que estimulan a empresarios, de un sector concentrado, a alentar un fuego que parece no poder apagarse.
Repasemos. La situación se desató a fines de junio cuando la firma decide patear el tablero de las negociaciones que llevaba con los delegados despidiendo un trabajador. En ese momento había un acuerdo prácticamente cerrado entre las partes, en la instancia judicial, respecto de varios reclamos de la Comisión Gremial Interna (CGI). Esa decisión (¿provocación?) genera que al mismo tiempo se caiga el diálogo con los empleados y que la CGI comience una protesta por la reincorporación que constaba del no cobro de boleto.
La medida dispuesta por los choferes, que contó con un acompañamiento masivo, fue respondida con el despido de otros 47 trabajadores. Leña al fuego. Las cesantías generaron la primera huelga general en la línea, y el lock out patronal posterior para que no puedan continuar con la medida de hacer circular las unidades sin cobrar boleto.
Consolidada esa realidad, y luego de 10 días de abandono del servicio por parte de los empresarios, la firma resuelve judicializar el conflicto acusando a los empleados de usurpación. La constatación policial y judicial de que los trabajadores no usurpaban las instalaciones, sino que cumplían con una medida de fuerza gremial, tampoco generó instancias de acercamientos.
Todas las fuentes consultadas que participaron de los distintos puentes de diálogo que se trazaron entre las partes, coincidieron en que los intentos fueron dinamitados sistemáticamente por la empresa. Ni la gestión de la cartera laboral bonaerense, ni los intentos del diputado nacional Héctor Recalde y del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Alejandro Granados, llegaron a buen puerto por la intransigencia de la postura patronal que no sólo no quería resolver el tema en debate, sino que buscaba avanzar sobre derechos adquiridos.
Lo que habría que preguntarse es qué se juega en el fondo de este conflicto Monsa, que parece potenciarlo con algún fin que excede lo laboral. Monsa fue comprada por un grupo de empresas encabezado por el Grupo Dota en 2011. Este consorcio empresarial, que opera en 48 líneas de colectivos, ocupa casi el 60% de las líneas de la Ciudad de Buenos Aires y además es propietario de la fabrica de las unidades que se compra a si mismo a tasa subsidiada por el Estado Nacional. Sólo en materia de subsidios al transporte por la Línea 60 reciben más de 34 millones de pesos mensuales.
Además este conglomerado de firmas, los mismos empresarios maneja la cámara del transporte urbano de Buenos Aires que es la más numerosa y representativa del sector. Todo indica que lo que está debatiendo, veladamente, es la financiación de las cuentas de la actividad.
De hecho el no cobro de boleto no sería una medida de fuerza gremial que desestabilizaría las finanzas de un consorcio empresarial subsidiodependiente, porque el monto que la firma percibe por parte del Estado por las unidades que circulan no es por pasajero trasladado, sino por recorrido realizado.
Los indicios, entonces, llevan a pensar que la intransigencia patronal, que potencia un conflicto sindical con despidos masivos y sin abrir canales de negociación viables, está motivada por un objetivo económico/político y que la idea es demostrar la capacidad de daño de una actividad neurálgica.
Sobre este móvil empresarial, la conducción de la UTA aprovecha para disciplinar a una CGI que le es opositora, y juega abiertamente a desgastarla. No sólo interviniendo sin representación en las bases, sino generando confusión públicamente con declaraciones sin sustento jurídico.
De hecho la instancia de conciliación obligatoria que Roberto Fernandez promociona públicamente nunca fue notificada a los empleados, por lo cual no se retrotrae a cero el conflicto y no hay vuelta atrás de los despidos que fueron formalizados con carta documento.
Con la UTA que fogonea la situación para intentar desplazar a delegados que no le responden directamente, un consorcio empresarial que se posiciona para presionar por los subsidios a un futuro gobierno y un poder judicial que embarra la cancha, hoy en la cartera laboral nacional buscarán descomprimir las tensiones y darle un encuadre gremial a un entramado que lo trasciende. La clave será contener los intereses de un grupo empresario que utiliza el conflicto social para presionar por intereses económicos.