El gobierno de Mauricio Macri se comprometió a concretar la devolución de una histórica deuda son las Obras Sociales de los gremios cegetistas. Lo hizo, según informó El Cronista, en una reunión semanas atrás, entre tres importantes miembros del gabinete nacional y un puñado de dirigentes de las tres vertientes de la CGT.
La deuda de los casi $ 30.000.000.000, es decir, 30 mil millones de pesos, corresponden al denominado Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Los funcionarios, según la nota de Elizabeth Peger, hasta habrían expuesto un detallado esquema de distribución de esos recursos, además de otras medidas para aliviar los costos de obras sociales y prepagas, y anticiparon que solo restaba la decisión política del Presidente para poner en marcha el compromiso en el corto plazo.
Precisamente en estos días en que se acerca la unificación de las centrales, y mientras Hugo Moyano y Antonio Caló endurecieron su postura frente al gobierno, los gremios presionan para que el plan de reparto de los recursos del FSR se active este mismo mes con la distribución entre sus prestadoras de un primer desembolso, que involucra unos $2.750 millones correspondientes al pago de expedientes adeudados de la desaparecida Administración de Programas Especiales (APE).
En algunos sectores cegetistas sostienen que la señal oficial deberá efectivizarse antes del 5 de agosto (inicialmente iba a ser el 4), cuando está prevista la realización del plenario de unidad en el que se definirán, a través de un pronunciamiento público, los lineamientos centrales de la posición política que asumirá la central reunificada.
El Gobierno apuraría el acuerdo por el pago de los fondos adeudados en un intento por descomprimir el malestar gremial y evitar que la nueva CGT de unidad debute el 22 de agosto con una declaración de guerra hacia su administración.
El esquema consensuado entre ministros y gremialistas contempla, además del desembolso inicial, la entrega a las obras sociales de alrededor de $ 14.000 millones del FSR en bonos que no podrán ser vendidos por los gremios por un plazo de entre 3 y 4 años, en tanto que otros $ 4.000 millones pasarán a integrar un fideicomiso destinado a financiar los tratamientos por discapacidad, alta complejidad y otras prestaciones especiales.
A su vez, el remanente del FSR, unos $ 8000 millones serán cedidos por los gremios como una compensación de obras sociales al Estado por la atención de sus afiliados en hospitales públicos, e irán a financiar un nuevo programa de cobertura universal de la salud, confiaron fuentes sindicales a este diario.