Claudio Vidal, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz, permanece detenido después de realizarse 25 allanamientos simultáneos donde se secuestró una gran cantidad de armas señalándolo a él como el “jefe de una banda”.
Hace 36 horas el dirigente petrolero, inició junto a otros integrantes de la comisión directiva detenidos, una huelga de hambre. Sus abogados hablan de una “detención injusta”, aunque el material incautado es muy importante.
La situación del sindicato petrolero no logra adquirir la tranquilidad deseada por el gobierno provincial. Vidal investigado por “asociación ilícita”, causa que encabeza el juez de Las Heras, Eduardo Quelín, inició una huelga de hambre exigiendo su liberación, planteando que se trata de una “persecución política”.
Vidal envió previo al inicio de su huelga de hambre un mensaje a los afiliados del sindicato más importante de Santa Cruz y con incidencia directa en la economía provincial: “Queremos llevar tranquilidad a todos los trabajadores. Debemos mantener la calma y la paz social a pesar de las continuas provocaciones y violencia a las que es sometido nuestro sindicato, que con tanta lucha costó recuperar y levantar” y pidió “paciencia a nuestros trabajadores y esperen novedades de la Comisión Directiva que hoy se encuentra a cargo de Rubén Uribe, tiene mi absoluta confianza y definirá los pasos a seguir”.
Con dicho mensaje se logró levantar el paro que los petroleros iban a iniciar en reclamo por la detención de su máxima autoridad. Pero la situación continúa tensa.
Sobre los petroleros recae otra causa, la del homicidio de Reynaldo Vargas de 25 años que falleció en la balacera que el gremio protagonizó junto a la UOCRA el pasado 9 de abril. El domingo, el juez Mario Albarrán dispuso en el marco de esta causa, que se liberen a 23 de los 31 detenidos.
Por la causa de “asociación ilícita”, Vidal prestó declaración ante la Justicia y ahora pide su liberación después de quedar detenido tras los 25 allanamientos simultáneos realizados el viernes en Río Gallegos, Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado, donde en manos de trabajadores petroleros el personal de seguridad, secuestraron más de 12 armas lo que eleva a 60 el número de armamento incautado en la última semana. También se secuestraron cuatro vehículos, dinero en efectivos. Por dichas pruebas el juez Quelin investiga del secretario del gremio como presunto “jefe de una banda”.
El gobierno de Daniel Peralta medió para que el gremio no detenga su actividad y no se perjudique la economía provincial dependiente de la actividad hidrocarburífera.