Se trata de pymes de combustibles de la zona de Cuyo que tienen trabajadores metalúrgicos en sus plantas. Aseguran que el adicional no tiene razón de ser y que las pymes son tan víctimas de la inflación como los trabajadores. Asimismo, advierten sobre las «consecuencias laborales» que este pago podría generar.
El sector empresario tiene actores que endurecieron su postura frente al pago del bono de fin de año que impuso el Gobierno, incluso reclamando que «se revean los alcances del decreto que lo implementó».
Tal como ocurrió con los empresario de estaciones de servicio, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima) le envió este miércoles un escrito a la ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, solicitando que «se revea, en carácter de urgente, los alcances del decreto 841/2022″, a fin de contemplar casos particulares «en que los empresarios pymes no pueden afrontar ese costo».
En la misma línea, argumentan atravesar inconvenientes económicos y financieros por una «medida unilateral», que advierten, podrá acarrear «consecuencias laborales».
Las pymes metalúrgicas fueron piedra fundamental para las trabas que atravesó la paritaria de la UOM del sector. Se rehusaban a pagar todo tipo de bono.
Camima fue por el mismo camino que las otras patronales y resaltó los acuerdos paritarios ya firmados. El pago del bono que decretó el Gobierno, consideran que «interfieren con acuerdos existentes» y «hacen responsables del pago de un bono a empresarios pymes, que no son los culpables de la inflación, solo sufren sus consecuencias, al igual que los trabajadores».