A pesar del acuerdo alcanzado entre la concesionaria y el sindicato de estibadores SUPA en el Ministerio de Trabajo, el Puerto de Rosario sigue en conflicto. Cinco despedidos sostienen un piquete y el sindicalismo clasista llamó a una «campaña nacional». César Aybar, el titular del SUPA, rechazó la medida y afirmó que los amenazaron: «Son delincuentes».
«Los cinco que no se reincorporaron llamaron violentamente a sus compañeros, amenazaron de muerte a la comisión directiva y a un escribano», había asegurado este lunes el titular del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), César Aybar para describir el conflicto que todavía se sostiene en el Puerto de Rosario.
Es que a pesar del acuerdo entre el gremio y la concesionaria, un grupo de 5 operarios mantienen las protestas. A ellos se les sumó el sindicalismo clasista que llamó a consolidar «una campaña nacional» para respaldarlos.
«Los actuales bloqueos garantizan la continuidad del movimiento ante la entrega de la dirección del Supa que aceptó el despido de cinco trabajadores y un acuerdo salarial ruinoso, contra la voluntad de las bases», explicaron desde la Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero.
«Reforcemos los piquetes portuarios y contribuyamos con el Fondo de Huelga para llevar esta gran lucha a la victoria», añadieron.
Aybar remarcó que el sindicato les gestionó el pago de las indemnizaciones a los 5 despedidos y consideró que «es inadmisible lo que están haciendo».
El entendimiento entre el SUPA y TPR
El SUPA firmó con la empresa que explota los muelles locales, Terminal Puerto Rosario (TPR), el acuerdo alcanzado el viernes pasado por el que se puso fin a un mes de protestas y huelgas.
El entendimiento contempla la reincorporación de 20 de los 25 despedidos, el pago de indemnizaciones al resto, un incremento salarial anual del 90%, el pago de un bono navideño y el reconocimiento del 65% de las jornadas de paro, explicó Aybar a Télam.
Sin embargo, los cinco estibadores que fueron despedidos – originalmente con causa, por presuntos hechos de violencia durante las protestas- no aceptaron el acuerdo indemnizatorio y esa mañana volvieron a bloquear el ingreso a las terminales portuarias rosarinas.
«Hasta se consiguió que tengan una indemnización por despido y un fondo de desempleo«, se quejó Aybar en diálogo con la radio FM «Sí» de Rosario.
Recordó que las cesantías eran «con causa por la violencia que ejercieron durante las protestas, quemando, rompiendo y golpeando a compañeras», y que en las negociaciones con la empresa se acordó que fueran con causa y que perciban las indemnizaciones establecidas por las normas laborales.
Los estibadores despedidos señalaron que el acuerdo del SUPA fue hecho a sus espaldas, y con el apoyo del Partido Obrero y otros grupos de izquierda mantenían la protesta.
En un mensaje interno que circuló entre los trabajadores del Puerto, al que accedió Télam, se informó que «se acaba de firmar el acuerdo» y «ahora el Estado tiene que garantizar el ingreso seguro de los trabajadores. Las autoridades están coordinando el operativo». Por su parte, el titular del SUPA Rosario dijo que «este grupo de gente es violenta».
La Unión Industrial Argentina (UIA) había reclamado al Ministerio de Trabajo que declare la «esencialidad» de la actividad del Puerto de Rosario con el fin de movilizar las cargas, tras la paralización de las terminales por casi un mes.
De acuerdo al monitoreo realizado por la entidad fabril, el conflicto «mantiene inmovilizada la carga de más de 1.000 contenedores», lo cual «perturba seriamente la operatoria de comercio exterior».