Tras las acusaciones y denuncias de la oposición y la oposición mediática, Hugo Moyano habló con un duro comunicado. Señaló que es un «circo mediático» que, a partir de tergiversaciones pretende «demonizar al movimiento obrero», a Camioneros y a «los derechos laborales» en general. Asimismo, aclaró que la función del gremio es meramente colaborativa, que la única que puede «controlar precios» es la secretaría de Comercio que fue la que les pidió ayuda.
El titular del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), Hugo Moyano, valoró la colaboración conjunta con la Secretaría de Comercio para controlar los precios de venta de los productos del programa Precios Justos, y cuestionó lo que considera una “tergiversación de los medios de comunicación y políticos de la oposición” de las acciones que realizó el gremio.
“Ante la tergiversación de los medios de comunicación y políticos de la oposición que sólo pretenden demonizar al movimiento obrero, es importante aclarar que en el mes de diciembre de 2022 se celebró una reunión en la Secretaría de Comercio a la que concurrió una representación de nuestro Sindicato”, precisó Moyano en un comunicado de Camioneros.
Dicho encuentro tuvo como eje la intención de que el sindicato siga “colaborando con el objetivo de combatir la inflación que aqueja desde hace décadas a nuestro país”.
Posteriormente, en otra reunión en la cual participaron las “principales empresas productoras de alimentos y bebidas”, se le pidió al gremio –que representa a los trabajadores de logística y transporte- “colaboración” para poder “determinar por qué los productos no llegan a los distribuidores minoristas a los precios acordados con las grandes empresas”.
“Esta convocatoria tiene que ver con el compromiso indeclinable que viene demostrando nuestra Organización Gremial en colaborar con todo lo que ayude al abastecimiento al país”, señaló Moyano.
El ex titular de la CGT aclaró que la Secretaría de Comercio “es la única que tiene la facultad para controlar los precios”, y que Camioneros solamente “prestó colaboración a pedido del Gobierno”.
Tras detallar como se entabló la colaboración en las tareas de inspección de Precios Justos, Moyano rechazó las críticas recibidas en los últimos días.
“Ahora por acompañar al gobierno, los políticos de la oposición y los medios de comunicación nos denigran y tratan de mafiosos sin importar que los que nos atacan nunca hicieron nada útil por el país, y lo único que hacen constantemente es destilar resentimiento y odio contra los camioneros y contra toda la sociedad”, manifestó el camionero en el comunicado.
Tras lo cual agregó: “Estos personajes que nos denigran están en modo campaña y quieren utilizar al Sindicato de Camioneros para demonizar los derechos laborales y poder arrasar con los mismos, si es que llegan a ser gobierno”.
“En vez de cumplir con sus funciones y asistir siquiera a las escasas sesiones legislativas, impunemente siguen haciendo denuncias sin ningún tipo de fundamentos y sin asumir ninguna responsabilidad ni consecuencia”, criticó Moyano.
En particular, el sindicalista hizo foco en la habilitación del número de emergencias 911 por parte del gobierno porteño para denunciar la colaboración en las inspecciones de precios por parte de Camioneros.
Moyano consideró que esto se trata de un “circo mediático con el único fin de obtener rédito político”.
“Pero cuando realmente tienen que cumplir su función ejerciendo el control sobre contratos y licitaciones no lo hacen como, por ejemplo, ha ocurrido durante años con el servicio de grúas en la Ciudad”, agregó.
Finalmente, señaló en el comunicado que “a pesar de todas las falsas denuncias y campañas mediáticas antisindicales”, Camioneros continuará trabajando para que “se pueda controlar la inflación y los trabajadores tengan ingresos suficientes para vivir con la dignidad que se merecen”.
En el día de ayer, en diálogo con Télam Radio, su hijo Pablo Moyano, adjunto de Camioneros, aclaró que la colaboración consiste “solamente de notificar a los inspectores” de la secretaría de Comercio en los centros de distribución de los supermercados, para evitar que los proveedores se lleven la mercadería para “revenderlas con otros precios” en canales de venta que no están bajo el programa de Precios Justos.