La paritaria estaba virtualmente acordada pero hubo un cortocircuito entre el Gobierno y los empresarios de la actividad por los subsidios al transporte. Desde Economía buscan bajar el aporte del Estado en el sector y las cámaras ahora ponen en duda la firma. La UTA está a la espera, en el marco de una discusión que la empuja a un conflicto colectivo.
La Unión Tranviaria Automotor (UTA) tenía todo encaminado para convertirse en el primer gran gremio en abrochar sus paritarias 2023 y hasta podía hacerlo dentro de los parámetros general que promocionaba el Ministro de Economía, Sergio Massa, para esta ronda de negociaciones.
Según adelantó InfoGremiales, Roberto Fernández tenía acordado un incremento de haberes del 31% por el primer semestre del año, en tramos acumulativos compuesto por subas del 10% desde enero, del 10% desde marzo y del 7% restante en mayo.
Sin embargo, la situación se empantanó. El problema fue la diferencia que todavía persiste entre las empresas de transporte urbano de Buenos Aires y el Gobierno respecto de los subsidios.
Los dueños de los colectivos piden un ajuste en los subsidios mensuales que reciben. El Gobierno les ofrece un adicional mensual de $ 5.000 millones durante el primer semestre pero las cámaras dicen que necesitan una recomposición de $ 27.000 millones. La brecha es muy amplia, unos $ 22.000 millones.
La batalla de los subsidios empuja a la UTA al conflicto. Por el momento Fernández sigue atento la situación a la espera de una resolución. Sin embargo, si las charlas no se encaminan empujan al gremio a tomar medidas de fuerza.
Ya pasaron casi 3 semanas desde que hubo coincidencia en los números para la recomposición de salarios. La semana próxima será decisiva. Es que, como es obvio, no hay margen para esperar indefinidamente una resolución en un contexto de alta inflación.