El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor presentará, hoy, un proyecto de ley sobre la dignificación del trabajo en talleres textiles que será elevado a la Legislatura porteña. La inciativa está elaborada con el propósito de garantizar las condiciones dignas de labor a las personas que se desempeñan en estos establecimientos, cualquiera sea su nivel de participación en el proceso productivo.
En el texto se destaca la creación de un Registro de Talleres y Actividad Textil, en donde deberán inscribirse la empresa que solicita la fabricación de prendas y artículos alcanzados por la ley y el taller textil, quien deberá suministrar la nómina de todas las personas que se desempeñen en él.
Para inscribirse en el registro, las empresas solicitantes deberán mantener su información actualizada, tener vinculación exclusivamente con los talleres textiles que se encuentran registrados y comercializar solamente las prendas y productos que lleven la identificación correspondiente al taller registrado.
Por su parte, los talleres deberán también mantener su información actualizada, registrar al personal que se desempeñe en el establecimiento de acuerdo a la modalidad de vinculación que posea, cumplir con los estándares de habilitación, seguridad y de condiciones y medio ambiente de trabajo en el establecimiento, contratar los seguros pertinentes por su actividad y, por último, hacer colocar en cada prenda o producto su identificación como taller registrado.
Se determinan además una serie de acciones estatales de fomento basadas en el asesoramiento del Poder Ejecutivo de la Ciudad a las empresas relacionadas con talleres textiles, como así también acciones estatales de fiscalización y sanción que constan en más control específico de las dependencias gubernamentales correspondientes y las respectivas infracciones y sanciones.
En el proyecto se establece un plazo de 120 días de instrumentación para que los sujetos obligados se inscriban en el registro y se constituya un Consejo de Seguimiento integrado por organismos (Defensoría General de la Ciudad, Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Legislatura de la Ciudad, Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Procuración General de la Ciudad, Ministerio Público) y organizaciones sociales (sindicatos de la actividad, colectividades, Pastoral Social de Buenos Aires), con el propósito de relevar la ejecución de las actividades derivadas de la norma y evaluar los resultados alcanzados.