El director de La Nueva Provincia, Vicente Massot, declaró el 18 de marzo en Bahía Blanca imputado por delitos de lesa humanidad en la última dictadura. La fiscalía lo acusa del asesinato de dos trabajadores, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, así como por complicidad en el secuestro, tormentos y homicidio de 35 personas.
Ahora el empresario espera que el juez federal subrogante Álvaro Coleffi se pronuncie sobre el pedido de detención e indagatoria que realizaron los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Pallazani.
Desde la ciudad portuaria, en la que todavía existe un gran arraigo procesista por la fuerte presencia de la Marina, el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca continúa siendo el bastión de resistencia anacrónica de la última dictadura militar. Lo que deberá probar la Justicia es el involucramiento directo de su actual director en los crímenes cometidos hace más de 30 años.
«Hoy no ha llegado la justicia pero sí la ilusión de que lo oscuro y lo siniestro ya se conoce y que en las almas de nuestros compañeros la paz es posible», sostuvo, fuera del tribunal, Hugo Martínez, ex trabajador del diario. Sin embargo, la audiencia en que declaró Massot no fue pública, y el juez Coleffi dispuso el secreto del sumario.
Según trascendió, Massot deslindó su responsabilidad en su madre, Diana Julio, y de su hermano Federico Massot, ambos ya fallecidos. Pero no se quedó allí, sino que también acusó a la organización Montoneros por el asesinato de los dos obreros gráficos.
Además del involucramiento directo con los hechos por los que se lo imputa, los fiscales argumentan que desde sus medios Massot encubrió y ocultó la represión, con lo cual enmarcan los crímenes en una asociación ilícita con el Ejército y la Armada, «con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional».
En la audiencia se hizo presente el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, quien destacó el avance de las investigaciones penales en los sectores civiles. «De a poquito avanzamos en el universo de investigación y ahí se empiezan a incluir a los sectores civiles. Hoy ya empezamos a pensar en sectores empresarios y grupos económicos”. En una línea similar, pero más personal que institucional, se manifestaron Eduardo Hidalgo, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bahía Blanca y Ángeles Loyola, hija de Miguel Ángel, uno de los obreros asesinados: “Jamás hubiéramos imaginado ver en el banquillo a este emblema del poder local”, afirmó el primero, mientras que Ángeles expresó: “Tengo mucha emoción, estuvimos esperando este momento durante muchos años y ojalá se haga justicia”.
Heinrich y Loyola eran obreros gráficos del diario bahiense y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca. Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato, mientras que Loyola trabajó como estenotipista y tesorero. Tras ser secuestrados el 30 de junio de 1976, sus cuerpos fueron hallados maniatados, con signos de torturas y numerosos disparos cuatro días después en la Cueva de los Leones, sobre la ruta nacional 33 y a 17 kilómetros de Bahía Blanca.
De larga tradición sindical, en los años 60 y 70, el gremio de “los gráficos” ganó protagonismo con el plus adicional del liderazgo de quien fuera uno de los más respetados sindicalistas del país: Raimundo Ongaro, fundador de la CGT de los Argentinos en 1968, en abierta oposición al gobierno dictatorial de Onganía, y que contaba en sus documentos con la pluma de nada menos que Rodolfo Walsh.