La Resolución fue adoptada en la sesión del viernes del plenario de la 104 Conferencia anual de la (Organización Internacional del Trabajo) OIT, que delibera en Ginebra, por 484 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, y fue producto de dos años de debates en los que se buscó conciliar cuestiones complejas y divergentes entre los intereses de los grupos (trabajadores, empleadores y gobiernos) y las realidades dispares de los 185 países miembros.
La norma, la primera de la OIT que aborda la informalidad, contiene en un preámbulo y nueve capítulos acciones prácticas para que empresas y trabajadores logren incorporarse a la economía formal, para conservar a aquellos que ya estén formalizados y para prevenir futuros deslices de vuelta a la precariedad.
La Recomendación es el resultado del ejercicio de “un tripartismo creciente” que busca “hacer realidad el trabajo decente para todos” y propone “un marco basado en valores de derechos humanos y laborales, reconoce la necesidad de coherencia y coordinación en las políticas a desarrollar y ofrece una perspectiva holística e integrada”, describió antes de la votación el presidente de la Comisión ad hoc en la que se debatió el proyecto, el sudafricano Virgil Seafield.
El vicepresidente de la Comisión por el Grupo de Empleadores, Alexander Frimpong, de Ghana, destacó que “no hay soluciones fáciles” y que los resultados de la aplicación de la norma “será a largo plazo, de manera progresiva”, al tiempo que consideró que el instrumento “traza las vías para una transformación enorme de la economía global”.
En tanto, el vicepresidente por el Grupo de Trabajadores, Plamen Dimitrov, de Bulgaria, relevó que la norma ayudará “a cambiar la vida de cientos de millones que no están ahora incluidos” en la economía formal y que podrán tener “trabajo, mejores salarios y protección social, pero sobre todo dignidad”.
En el preámbulo, la Recomendación admite que la “alta incidencia de la economía informal” es “obstáculo importante” para los derechos de los trabajadores, entre ellos la protección social y las condiciones de un empleo decente, y “tiene consecuencias negativas para el desarrollo de empresas sostenibles, para los ingresos públicos y para el ámbito de actuación de los gobiernos” en políticas económicas, sociales y ambientales, además de afectar la solidez de las instituciones y la competencia leal en los mercados nacionales e internacionales.
El texto define como economía informal a todas la actividades económicas que, en la legislación o en la práctica, estén “insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo estén en absoluto”, lo que abarca desde el empleo en negro, la mano de obra contratada, el cuentapropismo, el trabajo familiar no remunerado, las cooperativas y las organizaciones de la economía social y solidaria y que pueden observarse tanto en el sector privado como en el público.
La norma pone de relieve que la incorporación de las personas a la economía informal es consecuencia de falta de oportunidades y carencia de otro medio de sustento, aunque también destaca que algunas “unidades económicas” realizan actividades en la economía informal para eludir la legislación.
Además, releva que “las actividades en la economía informal suelen caracterizarse por los bajos ingresos y la baja productividad” y que mujeres; jóvenes; migrantes; pueblos indígenas y tribales y personas de edad, pobres de las zonas rurales, afectadas por el VIH o el sida y con discapacidad “son especialmente vulnerables a los déficits más graves de trabajo decente en la economía informal”.
Las delegaciones reconocen en la Recomendación las diversidades del fenómeno en cuanto a causas, características, circunstancias, culturas, localizaciones, contextos, prioridades, entre otras diferencias a la hora de establecer políticas y estrategias para la transición hacia la economía formal, por lo que encomienda como primera medida a cada estado una evaluación y diagnóstico propio.
En segundo lugar propugna la aplicación de un “marco integrado de políticas” que contemplen, entre otras condiciones, normativa apropiada; fomento de entorno empresarial y de inversión propicio; respeto y promoción de derechos fundamentales en el trabajo; organización y representación de empleadores y trabajadores; acceso a la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo de las competencias laborales, a los servicios financieros, a los mercados y a la infraestructura y la tecnología.
Ese marco también debe incluir promoción de políticas sectoriales; establecimiento de pisos de protección social o extensión de la cobertura existente; estrategias de desarrollo local en los medios rural y urbano; políticas eficaces en seguridad y salud en el trabajo; inspecciones laborales eficientes y eficaces; seguridad de los ingresos, con inclusión de políticas de salario mínimo; acceso efectivo a la justicia y mecanismos de cooperación internacional.
Por último, contempla la transición de las microempresas y las pequeñas empresas a la economía formal, para lo cual llama a reducir los costos de registro de creación de compañías, trazar sistemas simplificados de pago de impuestos y contribuciones, promover su acceso a la contratación pública y mejorar el acceso a servicios financieros, la formación empresarial y la cobertura a la seguridad social, entre otras medidas.