Agujero financiero en las obras sociales: La CGT afirmó que el 67% no tienen ingresos suficientes

La CGT, a través de su secretario de Acción Social José Luis Lingeri, informó sobre la crisis financiera de las obras sociales. Los cambios en el mercado laboral que se produjeron de hecho acumulan trabajadores en la informalidad y acotan los márgenes de ingresos de las obras sociales. En paralelo, desde la central marcan que las personas con discapacidad resultan una presión cada vez mayor en las cuentas. Son el 0,7% de los beneficiarios del sistema, unas 100 mil personas, y consumen el 75% de los recursos totales. La mitad se va en la educación y transporte que requieren.

La CGT lleva ya años en alerta por la crisis financiera de las obras sociales. Las reuniones y negociaciones para cubrir los déficits durante la pandemia se hicieron moneda corriente y el Gobierno se vio obligado a realizar distintos desembolsos para evitar el colapso.

Pasada la emergencia sanitaria, la alarma sobre los números que no cierran no encuentra una reparación concreta y la central reclama, en ese sentido y ya públicamente, que se haga efectiva la compensación contemplada en el Presupuesto.

Según detallaron en el informe, el sistema de salud de las obras sociales a nivel nacional, les da cobertura a 14.244.066 beneficiarios mediante 288 obras sociales inscriptas en el registro de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS). Son aproximadamente 12 millones en el régimen general, 2 millones de monotributistas y unas 255.000 empleadas domésticas.

El análisis, desde el punto de vista de los recursos, demuestra un déficit actual y una proyección que mantiene y acrecienta esa deuda. Así lo reveló el cuadro de situación que presentó el Secretario de Acción Social de la central obrera, José Luis Lingeri.

El 70% de los afiliados se concentra en 40 entidades y el 75% de los ellos se concentra en 5 jurisdicciones (Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza).

«La cápita promedio del sistema a marzo de 2023 es de $ 8.604,00. Con este valor como referencia vemos que el 33% de las obras sociales tienen un ingreso promedio por encima de este valor mientras que las restantes no llegan a la media del sistema.», dispara el informe.

El costo estimado del Programa Médico Obligatorio (PMO) a la fecha, supera esa cifra promedio de ingreso, lo que hace suponer que la mayoría de las obras sociales del Sistema Nacional del Seguro de Salud no logra cubrir este costo.

Hay que remarcar que gran parte del déficit lo están cubriendo las organizaciones gremiales con aportes a sus obras sociales.

Fondo Solidario de Redistribución (FSR)

El FSR se constituye a expensas de un porcentaje que va entre el 15 y el 20% de los aportes y contribuciones dependiendo de la naturaleza de la obra social y presenta dos objetivos claramente diferenciados:

1) Funciona como un reaseguro para cubrir enfermedades de alto costo y baja incidencia, a partir de los reintegros que financia el Sistema Único de Reintegros (SUR). En 2017 se sumó el Mecanismo de Integración. Es decir que, mediante este mecanismo, se compensan gastos.

2) Es redistributivo y se lleva a cabo mediante la transferencia de distintos tipos de subsidios: Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO), Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), Subsidio de Mitigación de Asimetrías para Regímenes de Trabajo Especial (SUMARTE) y el actual Subsidio para Mayores de sesenta y cinco años (SUMA65); es decir mediante este mecanismo, se compensan ingresos.

Integración

Mediante el decreto 904/2016 se estableció un mecanismo de financiamiento para las personas con discapacidad del Sistema cubierto por las obras sociales nacionales, que actualmente representa un costo del 75% del ingreso del FSR. Cuando el sistema comenzó en 2016, representaba el 22% del gasto. Las últimas liquidaciones representan ese porcentaje (se acompaña el cuadro de AFIP).

Es el primer ítem de distribución automática siendo la SSS agente de información a la AFIP. Esta última, acopia los recursos de acuerdo con la evolución de la recaudación y, una vez recaudado, transfiere a una cuenta especial que cada obra social tiene abierta en el Banco Nación para discapacidad.

Con estos recursos se cubres las prestaciones de 99.843 personas con discapacidad (sobre un total de 14.244.066 beneficiarios del sistema) siendo el gasto per cápita promedio de $ 131.052. El 47% de este gasto corresponde a EDUCACION Y TRANSPORTE, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa.

En otras palabras, el 0,7% de los beneficiarios del sistema consumen el 75% de los recursos del FSR.

Subsidios automáticos

Los subsidios automáticos representan el segundo ítem de distribución automática del Fondo Solidario. No se paga directamente desde la SSS sino que esta informa (al igual que con Integración) a la AFIP y esta, una vez liquidado el total de discapacidad, transfiere los recursos una vez recaudados.

• SANO: diferencia entre el ingreso per cápita del grupo familiar y el valor que determina la matriz para esa composición familiar en cuanto a sexo y edad. Los valores se actualizaron hasta 2011 y es recién en 2016 que el Decreto Nº 921/2016 volvió a actualizar la matriz de ajuste por riesgo y estableció un mecanismo de actualización automática en función al índice de movilidad jubilatoria.

• SUMA: destinado a fortalecer a las Obras Sociales del Sistema y compensar a aquellas con menos de 5.000 afiliados y de menor nivel de ingreso per cápita (Decreto N.º 1609/2012). Distribuye el 3% del total de recaudación del sistema.

• SUMARTE: destinado a financiar a las Obras Sociales por sus trabajadores/as de Casas Particulares y beneficiarios/as pertenecientes al Régimen Simplificado Para Pequeños Contribuyentes (Monotributo, Monotributo Social y Monotributo Agropecuario).

• SUMA65: destinado a financiar una cápita por los afiliados mayores de 65 años de cada Obra Social.

SUR

Representa el tercer ítem de distribución de recursos del FSR. No es un ítem obligatorio ni automático, sino que depende de que haya excedente en los fondos para distribuir.

Dada la evolución del gasto en discapacidad, la fecha, existen más de $38.000 millones entre solicitudes y expedientes SUR analizados que no se pueden pagar por falta de fondos, cifra que va creciendo dinámicamente.