Diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) junto a organizaciones sociales presentaron en el Congreso un proyecto que establece un sistema integral de protección del trabajo de cuidado comunitario, que propone la creación de un registro nacional de esos centros y una contraprestación monetaria mensual para reconocer el valor social y económico que tiene esa actividad.
La presentación, encabezada por la diputada nacional del Frente de Todos y referente de Barrios de Pie, Natalia Souto, autora del proyecto, se realizó en el anexo C de la Cámara baja y contó con la participación de legisladores nacionales y de referentes de distintas organizaciones sociales,
Se trata de un proyecto de ley de Sistema Integral de Protección del Trabajo de Cuidado Comunitario que busca «reconocer el valor social y económico que tiene el trabajo de cuidado comunitario y establece una contraprestación monetaria, mensual y de alcance nacional equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil» para los trabajadores de la economía popular que presenten servicios en los Centros de Trabajo Comunitario.
En la presentación, Souto sostuvo que la iniciativa «tiene que ver con promover y proteger el trabajo de cuidado comunitario y recordó que hay varios proyectos en este sentido en la Cámara baja, al sostener que «estamos todos de acuerdo en que hay que visibilizar estas tareas y reconocerlas social y económicamente».
Precisó que el proyecto contempla «un relevamiento, la creación de un observatorio y una mesa interministerial, así como un plan de infraestructura y un reconocimento económico que sea equivalente a un salario mínimo, vital y móvil».
En ese marco, la diputada del FdT puso de relieve la muestra realizada este mediodía en la Plaza de los Dos Congresos realizada por los trabajadores comunitarios y sostuvo que «el cuidado es político y no reconocerlo es una forma de realizar violencia económica».
Del encuentro participaron los diputados nacionales del Frente de Todos, María Rosa Martínez, Mónica Macha, Juan Marino y Claudia Ormachea, entre otros.
También, estuvieron la vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras, Graciela Morgade; la dirigente del PJ y socióloga, Virginia Franganillo y Lucia Cirmi del Ministerio de las Mujeres y Diversidad, entre otros.
A través del proyecto se propone la creación de un Registro Nacional de Centros de Cuidado Comunitario dentro de la órbita del Observatorio Nacional del Trabajo de Cuidado Comunitario que relevará los centros de cuidado comunitario a nivel nacional, provincial y municipal, su geolocalización, la cantidad de personas que prestan servicios en los centros, así como los servicios que brindan.
De acuerdo al proyecto, los trabajadores de la economía popular que presten servicios en centros de cuidado, relevados en el Registro Nacional de Cuidado Comunitario, percibirán un Salario Básico, equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil.
La iniciativa plantea, además, la creación de un Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Infraestructura e Insumos para los espacios de cuidado comunitario, que promoverá la realización de obras de construcción o refacción de espacios comunitarios de cuidado y posibilitará dotar de recursos educativos, insumos de atención primaria de la salud, artículos de limpieza, utensilios de cocina, juegos didácticos, mobiliario, entre otros.
De acuerdo a un estudio realizado por el Movimiento Barrios de Pie estos espacios asisten diariamente alrededor de 26.600 vecinos y, en su mayoría, funcionan en las propias casas de las trabajadoras, quienes no reciben asistencia, insumos ni ayuda para la infraestructura del lugar.
Según ese relevamiento, la mayor parte de quienes llevan adelante estos espacios no tiene jubilación ni obra social y el 80% sólo cobra el salario social complementario Potenciar Trabajo.
Respecto de la distribución por género y edad, se expresa que el 78% de las personas que trabajan en los espacios de cuidado comunitario son mujeres y un 3.9% mujeres trans, de entre 18 y 45 años.
Asimismo, el 81% de los espacios consultados se identificaron con la categoría «Ollas populares o centros comunitarios que brindan asistencia alimentaria», pero el 97.5% se identificaron con más de una categoría, abarcando apoyo escolar, asistencia a víctimas de violencia de género y acceso a la salud, entre otras ramas de cuidados.
A su vez, se evidencia que la mitad de los trabajadores relevados tiene además un segundo empleo y cerca del 82% están también a cargo de las tareas domésticas en su hogar.