Hace unos días la Cámara Federal confirmó el procesamiento del secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Enrique Omar «Caballo» Suárez, por entorpecimiento del transporte por agua en medio de un supuesto conflicto gremial. La Sala I del Tribunal confirmó así lo resuelto en primera instancia por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y que involucró un embargo de cinco millones de pesos sobre los bienes de Suárez. También se confirmaron los procesamientos de Rigoberto Suárez Cardozo y de Jorge Agustín Vargas, ambos dirigentes del SOMU.
Los sindicalistas fueron acusados a raíz de negarse a remolcar los buques y que impedían y dificultaban la circulación de naves. «Se puso en riesgo la seguridad de buques y tripulación- sin que se hubiera acreditado un conflicto gremial en regla y sin observar las más elementales reglas de procedimiento para su servicio fundamental como es la navegación», dijo Cabral al procesarlos.
La denuncia inicial fue formulada ante la Prefectura Naval Argentina (PNA), por ser el organismo regulador, por la empresa National Shipping. La firma dijo hacer soportado maniobras extorsionas, entorpecimiento a la navegación, puesta en peligro de los buques y su tripulación.
En este caso se trató del Buque Tanque «Parana» con puerto de destino Dock Sud, trasportando 5.200.000 litros de combustible liviano, gas oil y el Buque Tanque «La Plata» con destino a puerto de Zarate. También, sobre este último, se denunció desabastecimiento de combustible, y abandono por parte de dirigentes del SOMU, que impidieron la asistencia de remolcadores (necesarios y obligatorios por la PNA para el ingreso de estos buques a puerto).
La Empresa denuncia que no existiendo conflicto gremial se impidió la asistencia a los buques por negarse a continuar aportando dinero a la Fundacion Azul, presidida por Omar «Caballo» Suarez y secundada por el Tesorero del SOMU Juan Manuel Medina, con la excusa de financiar «campañas de capacitación».
Según el texto de la denuncia formulada por Sergio Ariel Giatti, apoderado de la firma National Shipping, «Nos encontramos nuevamente ante una modalidad delictiva a la que nos tienen acostumbrados los dirigentes del Sindicato de Obreros Maritimos Unidos (SOMU)».
«Se trata de un caso mas de maniobras ilegitimas orquestadas por los personeros del Sindicato con el objeto de la obtención de finalidades ilícitas y totalmente extra laborales», añade.
Y continúa: «En efecto, toda esta presunta problemática se ha generado desde que la empresa decidió dejar de someterse a los requerimientos coactivos del Sindicato para efectuar donaciones a la Fundación Azul del gremio»
«El Sindicato SOMU ha venido exigiendo ilegitimamente donaciones a nuestra firma como condición para garantizar la paz social y evitar que seamos sus rehenes en la salida y entrada de nuestros buques a los puertos donde es necesario el servicio de remolque», expone en lo que sería una clara extorsión de los acusados.
Giatti precisa: «En efecto, la única prestación a esas donaciones forzosas era el beneficio de no sufrir, ni mas ni menos, las injustas medidas de bloqueo según dos modalidades: a) por parte de las empresas de remolcadores que deniegan sistemáticamente la prestación de servicio a nuestros buques por orden de Rigoberto Suarez y; b) ordenando al personal agremiado embarcado que se abstenga de prestar sus servicios en los puestos de trabajo y de ese modo, impedir el movimiento de los buques».
Y detalla: «A partir de que hemos dejado de contribuir con las «liberalidades» o «donaciones» forzosas a la Fundación Azul a las que compulsivamente eramos obligados, nos hemos convertido sistematicamente en rehenes de las practicas de apriete del Sindicato que busca ocultarlas detrás de un falso velo de ejercicio de derechos gremiales».
Posteriormente Giatti presenta, sólo a modo de ejemplo, recibos y facturas de las «donaciones» efectuadas a la Fundacion Azul bajo las amenanzas por más de 700 mil pesos.
Rigoberto Reymundo Suarez Cardozo es el secretario de Cubierta del SOMU, hombre de suma confianza de Suarez y encargado de las comunicaciones con los remolcadores para impedir la asistencia a los buques de porte hasta no ingresar el dinero exigido a la Fundacion Azul.
A su vez, desde la oposición remarcaron que según el articulo 17 del Estatuto Social del SOMU debería suspenderse la afiliación y el cargo representativo dentro del gremio de quien estuviera procesado, hasta tanto dure el proceso o condena. Y de comprobarse que se actuó contra la Institución Gremial inmediatamente expulsado.