La información la confirmaron desde La Libertad Avanza. El estudio Bruchou & Funes de Rioja participó del diseño del apartado laboral de la Ley Ómnibus que ingresará el 11 de diciembre. Es un viejo impulsor de la reforma laboral. Se pone el eje en la desregulación, el fin de las indemnizaciones y disminución de la litigiosidad.
Javier Milei planea enviar al Congreso, en sesiones extraordinarias, un proyecto de «ley ómnibus» desmedidamente ambicioso para inaugurar su gobierno. El líder libertario está elaborando un paquete que implicaría no solo la tradicional «ley de ministerios» que fija el organigrama de cada nueva gestión, sino también una serie de reformas de impacto. Entre ellas, la desregulación de leyes económicas, la simplificación del sistema impositivo, modificaciones laborales y la privatización de empresas estatales.
Según confirmaron desde La Libertad Avanza, en el apartado laboral buscaron el asesoramiento del estudio Bruchou & Funes de Rioja, uno de los pesos pesados que tradicionalmente asesora empresas en temas vinculadas al ámbito laboral.
Tanto es así que su principal referente, Daniel Funes de Rioja es Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y Presidente de COPAL sin haber sido un industrial de origen. Además es la voz de los empresarios frente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Funes de Rioja viene pregonando en diferentes espacios de discusión empresarios la idea de implementar una reforma laboral y eliminar las indemnizaciones para los nuevos trabajadores. En sintonía con lo que los libertarios empezaron a dejar trascender.
El apartado laboral de la Ley Ómnibus
El capítulo laboral del proyecto de ley es casi tan ambicioso como el general y, se descarta, chocarían de lleno contra el límite aceptable por el mundo sindical.
El proyecto incluiría el «modelo Uocra«, con un fondo de desempleo que reemplace las indemnizaciones, algo que estuvo agitando no sólo La Libertad Avanza, sino también Juntos por el Cambio.
Sin embargo, a diferencia de lo que Milei dijo en la campaña, no sería compulsivo sino optativo, solo para las industrias donde resulte aplicable. Eso lo haría algo más digerible.
Otros planteos apuntan a disminuir la litigiosidad durante y al terminar la relación laboral y a bajar los conflictos colectivos, bajo el argumento de «mejorar la competitividad de las empresas».
Son todas formulaciones que podrían generar fuerte resistencia de las centrales sindicales.
Además, se planifica reducir el sistema de multas a los empleadores que está planteado en la ley de empleo 24.013.
La parte económica del proyecto, contemplaría una fuerte desregulación en distintos sectores, además de un capítulo de infraestructura para “generar seguridad jurídica para grandes inversiones”.