El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) capital, Daniel Catalano y Soledad Santellán, miembro del Consejo Directivo del gremio, visitaron hoy la Casa Rosada para dialogar con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y manifestarle su «preocupación» por el cese de contratos en el sector público.
«Hablamos un rato con el ministro, después seguimos hablando con su secretario, le planteamos la preocupación que tenemos por la reducción de la planta 2023, y le contamos que muchos de esos trabajadores entraron por los cupos por discapacidad y travesti-trans, y que había que avanzar en una revisión. No se puede decir que sean ñoquis o contratos políticos», expresó el dirigente sindical en diálogo con la prensa acreditada.
El universo de trabajadores y trabajadoras que se verían afectados, teniendo en cuenta que su contratación se realizó en el año 2023, es de entre 7000 y 11000 trabajadores en el marco de la Ley Marco 1109. Los alcances de las medidas dependerán del marco normativo que regule este «recorte», teniendo en cuenta que en dichas contrataciones están incluidas las mencionadas del cupo de discapacidad y el cupo laboral travesti trans.
En ese sentido, afirmó que el ministro se comprometió «a tener una mesa para poder trabajar» y que lo propio se buscará con todos los responsables políticos en las distintas reparticiones públicas.
Consultado por la calificación de «ñoquis» a los trabajadores estatales, Catalano respondió: «Nos hubiera encantado que nos hablen de empleo militante cuando estábamos en la primera línea en la pandemia salvando vidas».
Sobre las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía, Luis Caputo, el dirigente de ATE estimó que «no se puede resolver la pobreza generando más pobreza» y que su organización tomará «las medidas que correspondan».