El espacio que integran decenas de referentes y organizaciones sociales, sindicales, de Derechos humanos, juristas y de la abogacía, elaboró un documento que ya ha sido presentado a los/as integrantes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el cual insta a no permitir la usurpación de las funciones legislativas y a ejercer el control de constitucionalidad sobre todo aquello que es materia de sus potestades indelegables.
La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia difundió un comunicado en el que organizaciones de DD.HH, sociales y sindicales se expresaron «en defensa de la vida digna y el Estado de Derecho».
En ese sentido enviaron una carta a la Corte Suprema y al Congreso de la Nación para alertar sobre «la gravedad de la situación y en defensa del Estado de Derecho, no permitan que el Poder Ejecutivo emita disposiciones de carácter legislativo, cuya nulidad absoluta e insanable establece el art. 99, inc. 3 de la Constitución Nacional, e impidan su vigencia o aplicación».
«Tanto los discursos pronunciados por el actual Presidente de la Nación, como los anuncios y trascendidos de su plan de gobierno, exhiben y acreditan grados de afectación al conjunto de los derechos, civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales, y parejo a esas violaciones, el quiebre de la institucionalidad del Estado/Nación, y del Estado de Derecho, cuya piedra basal es la división de poderes», señalaron.
Asimismo recordaron que el artículo 36 de la Constitución Nacional establece el deber de obediencia a la supremacía constitucional e impone severas sanciones para los actos de violencia institucional que quebranten esa vigencia del texto constitucional.
«En efecto, el art. 99, inc. 3°, segundo párrafo, que refiere a las atribuciones del PEN, establece: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.-«, remarcaron.
También reclamaron la falta de convocatoria hasta la fecha, a las anunciadas sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación.
«De proseguir estas circunstancias, están en juego el bienestar general, comprometido por el Preámbulo constitucional, como la vida digna asentada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del que la Nación Argentina es parte integrante, y a cuyas disposiciones le ha otorgado rango constitucional (art. 75, inc. 22°, C.N.).-«, agregaron.
El abandono de la tutela de nuestras riquezas y recursos naturales, instituidos como de titularidad de los pueblos conforme arts. 1.2 de los Pactos Internacionales de la ONU, las normas de más alto rango del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, vinculantes para la órbita del conjunto de los miembros del G 196, configura el riesgo de hipotecar y/o entregar las mismas a manos del capitalismo financiero internacional, que ha entronizado personeros en importantes cargos del Gobierno Nacional.
El texto prosigue en un reclamo de soberanía y de no aumentar el endeudamiento y luego convocan a «ambas Cámaras del Congreso de la Nación no convalidar e impedir el avasallamiento por parte del Ejecutivo en todo aquello que es materia de sus potestades indelegables (art. 76, C.N.)», ya que tienen mandato para legislar.
Formulamos, igualmente, un llamado al Poder Judicial de la Nación Argentina, a ejercer el control de constitucionalidad que la Carta Magna le ha asignado, porque es el arco de conjunción y soporte de todos los derechos y garantías que goza el pueblo de la Nación Argentina (arts. 18 y 116 de la C.N.). De lo contrario, serán juzgados como infames traidores a la Patria (arts. 29 y 36 de la C.N.), mereciendo las denuncias pertinentes tanto en el plano nacional, como ante tribunales y organismos internacionales.
Ni hambre, ni miseria, ni represión: ¡NUNCA MÁS!
La lista de firmantes es larga e incluye a personalidades como Adolfo Pérez Esquivel; el Padre ‘Paco’ Oliveira; Federación Judicial Argentina (FJA); Asociación Americana de Juristas (AAJ); CTA Autónoma; Justicia Legítima; Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL); Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional); Corriente de abogados laboralistas «7 de Julio»; Federación Trabajadores de la Energía (FETERA); Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios – Histórica (CONADUH); UTED Secretaría de DD.HH.; Asociación Educación y Solidaridad-Francia; IEF-CTAA Monitor de Respuestas Represivas a la Protesta Social; Equipo Jurídico de CTA-A Capital; entre otros.