Dirigentes de gremios estatales denunciaron que, a partir del inicio del 2024, el gobernador Martín Llaryora inició un proceso de «despidos» de trabajadores en distintas áreas de la administración pública, en tanto una funcionaria afirmó que no aclaró que se trata de contratos que caducaron el 31 de diciembre último.
La dirigencia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), mediante un comunicado, insta a «no a los despidos de Martín Llaryora en el Estado provincial», al sostener que con el inicio del año nuevo «han sido notificadxs por diferentes vías 58 trabajadores de Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) y más de una veintena en salud en los diferentes hospitales del territorio provincial».
«Repudiamos los despidos masivos en lugares neurálgicos para garantizarle derechos a los cordobeses», sostiene la dirigencia de ATE y pide por la «reincorporación de las y los despedidos injustamente, exigiendo la urgente respuesta de devolver la fuente laboral a quienes han sido esenciales y hoy son tratados como descartables».
Asimismo ATE se declara en «estado de alerta y movilización hasta que haya una respuesta positiva al pedido de reincorporación».
También la dirigente de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), Estela Giménez, afirmó que «se dieron de baja a cerca de 30 trabajadores en el sector de la salud», entre ellos médicos, enfermeros, kinesiólogos, trabajadores sociales, «la gran mayoría con muchos años de antigüedad».
Mientras se dan de baja a esos empleados «están tomando gente con monotributo, o sea con sueldos menores y sin derechos, es un claro ejemplo de que las políticas de Martín Llaryora va van hacia el gerenciamiento privado de la salud pública», alertó Giménez en declaraciones a la emisora local LV3.
Desde la Secretaría General de la Gobernación, mediante un comunicado de prensa, respondieron que «el pasado 31 de diciembre de 2023 vencieron los contratos de servicios de agentes que se encontraban vinculados en el ámbito de la Administración Pública Provincial».
Al respecto agrega que «esta clase de contratos tiene vigencia por un tiempo determinado y posee fecha de caducidad, por el cual su término opera de pleno derecho y no debe sorprender a quienes se encontraron vinculados por este instrumento».
Asimismo sostiene que los responsables de cada jurisdicción «evaluarán en su nueva estructura orgánica la necesidad del área y aquellos servicios que se consideren indispensables» y que estos serán objeto de análisis.