La firma chilena cesanteó a cuatro nuevos operarios contratados -algunos solo por haberse afiliado al SOEP- en la última semana, lo que se sumó a «la presión que ejerce en connivencia con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) respectiva para que vuelvan al trabajo quienes deben permanecer en reposo», afirmó.
El gremio papelero de la provincia impide el ingreso de los contratistas y contratados y exige a la empresa el cese de los despidos y las inmediatas reincorporaciones, ya que «la decisión fue una represalia al accionar reivindicativo» del personal.
Los trabajadores reclaman desde hace meses la aplicación de la ley de insalubridad ya aprobada por la Legislatura provincial, luego de que la Corte Suprema de Justicia -ante una presentación patronal- rechazara su incumbencia respecto del tema.
El Ministerio de Trabajo ya declaró «la insalubridad laboral» en doce áreas de la planta de pasta de celulosa ex Alto Paraná, ubicada en la localidad de Puerto Esperanza, indicó el gremio.
La decisión de la cartera laboral fue adoptada luego de conocerse un estudio de especialistas de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), que determinó que trabajar en cualquiera de esos espacios es peligroso para la salud a partir de los elevados índices de dióxido de cloro y ruidos, que superan los 85 decibeles.
En la pastera fueron declarados «insalubres» la planta de dióxido de cloro; las calderas de recuperación y de potencia; la planta química; la de lavado y depurado; de deslignificación; la de preparación de madera; el taller central; la calderería; las líneas uno y dos y la planta de tratamiento de efluentes.
Trabajo provincial había declarado en mayo último la conciliación obligatoria, luego de que los trabajadores cortaron de forma parcial la ruta en demanda de la aplicación de la ley y de que los directivos se aviniesen a adecuar las instalaciones.
«No hubo respuestas de la empresa. El corte fue finalmente levantado. Pero los abusos y el maltrato continuaron. La situación es altamente insalubre y riesgosa», subrayó hoy el gremio.
Arauco es una de las mayores fabricantes mundiales de celulosa y, en enero último, su filial en Estados Unidos, Flakeboard America, acordó la compra de las tres plantas de Sierra Pine por 107 millones de dólares más inventarios, pero el Departamento de Justicia de ese país no aceptó la transacción, luego de objetar que ese convenio amenazaba con debilitar la competencia.
La firma afrontó en la Argentina una dura batalla legal para adquirir los activos de Pérez Companc y, tiempo después, los pequeños y medianos aserraderos del norte misionero la denunciaron -entonces Alto Paraná- por «abuso de posición dominante» ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
Los pequeños empresarios sostuvieron que la empresa de capitales chilenos, propiedad del Grupo Arauco, realizaba maniobras anticompetitivas para provocar el alza del precio de la materia prima y excluirlos definitivamente del mercado.