Los trabajadores del Registro de la Propiedad de la provincia de Santa Fe continuaban un paro de actividades que se inició el 15 de febrero en reclamo de la reincorporación de 55 empleados despedidos y presentaron una medida cautelar en la Justicia Contencioso Administrativa para intentar rever la medida.
El secretario administrativo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Marcelo Delfor, indicó a Télam que «ya se ha judicializado el conflicto, más allá de la cuestión administrativa y las acciones gremiales que continúan».
La protesta se inició el 15 de febrero, cuando se conoció un decreto del gobernador Maximiliano Pullaro que despidió a 55 trabajadores de las ciudades de Santa Fe y de Rosario que habían pasado a planta permanente en noviembre de 2023.
Ese mismo día, el secretario general de ATE, Adolfo Avallone, presentó un recurso de revocatoria contra el decreto 108/24 por considerar a ese acto administrativo «ilegítimo y violatorio de derechos garantizados por la Constitución Nacional» por una «afectación directa a la negociación colectiva».
El texto señala que los trabajadores cesanteados venían «prestando servicios de manera continua e ininterrumpida en el Registro General» y a quienes «se les reconoció finalmente su derecho a la estabilidad laboral» de acuerdo a la ley, la Constitución Provincial y la Nacional y al Acta número 2/23 de la Comisión Paritaria Central.
El texto de ATE afirma que hay «carencia de motivación para su revocación» y que el decreto del gobernador implica una «afectación de la negociación colectiva», al tiempo que le endilga «vicios de procedimiento por violación al derecho de defensa y debido proceso».
Ante la falta de respuestas, los trabajadores continúan con un paro de actividades con asistencia a los lugares de trabajo pero sin atención y presentaron una medida cautelar con casos testigos de las ciudades de Santa Fe y de Rosario.
La paralización de las actividades en el Registro perjudica la tarea de los escribanos y de la comunidad, ya que no se están realizando los trámites que brindan seguridad jurídica a través de la registración de escrituras, modificaciones de planos y contratos de alquiler.