(Por Pablo Maradei) Ambos ítems forman parte de la ley Bases que el Gobierno busca reflotar en el Congreso; para el sindicalismo es el corazón de la «modernización laboral» que más los perjudica en su existencia. Debilitamiento de su estructura de financiamiento y pérdida de capilaridad en los lugares de trabajo.
¿Qué pasó entre la reunión en la Casa Rosada y el miting del Consejo Directivo de la CGT al día siguiente que lanzó el paro del 9 de mayo? Esa pregunta a la luz de público conocimiento se responde por la crisis que atraviesan los trabajadores por haber visto mermados in extremis sus ingresos; sumado a la no homologación de paritarias; y a que todos los precios de la economía está liberados (ahora a excepción de las Prepagas) mientras el Gobierno pisa los salarios.
Ahora bien, por una cuestión de supervivencia, hay dos cuestiones que perduran en la Ley Bases y por las que el sindicalismo no cederá; y por lo tanto seguirá impulsando la huelga del 9 de mayo. Y todo lo que sea necesario para frenar esa normativa.
Una es el debilitamiento financiero al proponer erradicar el aporte por cuota solidaria. Actualmente todos los trabajadores de un sector, afiliados o no, aportan un porcentaje de su salario al sindicato; lo que se conoce como «cuota o aporte solidario». Para ello el empleador les retiene a los trabajadores un porcentaje del salario; que es del 1% al 3% del salario para todos aquellos afiliados. Para los que no lo están, esa retención va del 0,5% al 1%. El Gobierno quiere, a través de esta nueva ley, que esa retención no sea compulsiva sino que sea una elección del trabajador. Entre el rechazo al sindicalismo y los discursos anti obrero que pegan fuerte en los votantes de Milei, de una torta de aporte al gremio del 100% se pasaría a un porcentual incierto. La iniciativa del Gobierno no es nueva, replica la del gobierno de Cambiemos que tampoco prosperó.
El segundo punto en conflicto es el que busca reducir la cantidad de delegados en los lugares de trabajo; fijando un máximo de representantes por turno si es una fábrica; o por empresa. «Si esto se generalizara, se licuaría el poder y la presencia sindical; lo que terminaría en una cooptación de la empresa a esos delegados para crear sindicatos por empresas»,cuenta uno de los consultados.
De acá al 9 de mayo hay tiempo de conversación; sin embargo, por lo que recogió InfoGremiales de quienes sirvieron de fuente para esta nota ven «poca voluntad» del Gobierno a revertir estos puntos. Si quedase todo en stand by con el Ejecutivo, el camino sería el lobby en los legisladores de ambas cámaras para frenar la iniciativa del gobierno libertario.