Los empresarios gestionaron reuniones entre diferentes bloques. Es para evitar la modificación del artículo 48 de la ley 11.653 que adecua los montos de las indemnizaciones laborales en la provincia de Buenos Aires. Articularon a toda la oposición.
La media sanción al proyecto de Ley para la modificación artículo 48 ley 11.653 en la Cámara de Diputados generó la reacción de los empresarios bonaerenses. De hecho, con el respaldo de las más de 200 entidades que representa, la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) rechazó a la medida, a través de la cual se modificaría la fórmula para establecer las indemnizaciones laborales.
El presidente de FEBA, Camilo Alberto Kahale, advirtió que, “de confirmarse la medida, conllevará inevitablemente grandes perjuicios a las empresas, en particular a las pymes”.
Con el fin de evitar la ratificación de la modificación en el Senado bonaerense, a diferencia de lo que sucedió con los diputados, que avanzaron con la media sanción sin haber involucrado ni consultado a los actores que representan a las pymes, FEBA y CGERA realizaron gestiones ante senadores de distintos bloques.
De hecho, lograron que la oposición al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, arme un frente transversal para trabar el proyecto del oficialismo. Participan el PRO, la UCR y los espacios libertarios bonaerenses.
El proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense, reemplaza la tasa activa con la que actualmente se calculan los intereses de las indemnizaciones laborales, por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) reglamentada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), más una tasa pura del 6% anual, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta el pago efectivo.
Durante la sesión, la coautora del proyecto, la diputada de extracción sindical Soledad Alonso valoró que su normativa sobre indemnizaciones laborales haya tenido el apoyo del ministro de Trabajo, Walter Correa, y de gremios como el SATSAID, el Smata, la CGT y las dos CTA, al tiempo que consideró que la iniciativa trae “justicia y sentido común” a las disputas entre trabajadores y empresarios.
