El Gobierno busca desprenderse de la acciones de IMPSA y cedería el control de la firma. Mientras tanto, sus actuales empleados que no cobraron su salario ni el aguinaldo. Desde la empresa aseguraron a medios locales que esto se debe a «dificultades a la hora de cobrar certificados de obras», que el Gobierno como principal accionista no está cubriendo para evitar el malestar entre los trabajadores.
A la firma metalúrgica mendocina IMPSA, que había quedado bajo control estatal a partir del 2021 por decisión del expresidente Alberto Fernández, ahora le sobrevuelan capitales estadounidenses, españoles y chilenos. El Gobierno busca entregar la mayoría accionaria a capitales privados.
Impsa tiene más de 700 operarios y si bien en este proceso de venta se incluyeron garantías para sostener los puestos de trabajo, los empleados aseguran que no han percibido aún el medio aguinaldo. También advierten sobre retrasos salariales y falta de pago del aumento acordado en las últimas paritarias.
Desde la empresa admitieron al portal El Sol esta realidad y aseguraron que se debe a una serie de postergaciones para cobrar certificados de obras que ya fueron realizadas. Mientras tanto, nadie se hace cargo de que los trabajadores tengan garantizado su salario como corresponde legalmente en cualquier relación de dependencia.
En tanto, el secretario general del gremio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Mendoza, Luis Márquez, confirmó que realizaron presentaciones ante la Subsecretaría de Trabajo para que interceda en la solución del conflicto.
“Hay un problema con los aguinaldos y lo sabemos. Hemos tenido una serie de reuniones con los delegados y con la empresa, que manifiesta que tiene problemas con el cobro de algunas obras, pero no nos han respondido cuándo pagarán. Hemos hecho un pedido en la Subsecretaría de Trabajo y estamos esperando fecha para la audiencia. Estamos muy preocupado por la situación”, aseguró Márquez.
El 26 de junio, la UOM alcanzó un acuerdo paritario con las empresas que se agrupan en las distintas cámaras. El convenio estableció un aumento del 18%, retroactivo a abril, que tenía que verse reflejado en el último depósito salarial. Empleados de Impsa aseguran que aún lo percibieron.
