Luego de una negociación que incluyó el respaldo de UPCN y una polémica con ATE en disconformidad, el Gobierno homologó el acuerdo. Los estatales cobrarán la primera cifra de un 3,5% con los salarios de julio más un bono de 60 mil pesos.
Luego de una negociación cargada de polémica, el Gobierno homologó el acuerdo de los estatales fijando una actualización salarial del 6,5% a pagar en dos tramos, un bono de $60.000 y un plus por asistencia. Así se confirmó a través del Decreto 682/2024 publicado en Boletín Oficial. El acuerdo fue firmado por el gremio mayoritario UPCN, pero tuvo la disidencia de ATE.
Los estatales cobrarán de la siguiente manera: 3,5% a partir del 1 de julio sobre salarios del 30 de junio.
3% a partir del 1 de agosto sobre salarios del 30 de julio. Además, se agregó un «premio estímulo» por asistencia.
En su cláusula cuarta, se le agregó una suma fija no remunerativa de $60.000 a liquidarse con los haberes de julio.
Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) admitieron que no es el monto ideal, pero lo justifican por la situación critica que se vive. En cambio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lo rechazó rotundamente. «Esta propuesta es inaceptable. Un recorte de esta magnitud en los ingresos del sector público no encuentra precedentes en las últimas décadas. Es un ajustazo», dijo Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional.
El porcentaje firmado está muy cerca del pedido por UPCN. A la mesa negociadora, propusieron que para julio y agosto haya un 3,5% cada mes, acorde a la proyección del IPC. En agosto se volverán a reunir para acordar los salarios a partir de septiembre.
Desde ATE nacional, cuestionan el acuerdo por estar debajo de la inflación proyectada. «Los ofrecimientos ni siquiera se condicen con los niveles oficiales de inflación. Está claro que enfrentamos un plan deliberado para destruir los salarios y las condiciones de vida de todos los empleados públicos», afirmó su secretario general, Rodolfo Aguiar.
En lo que va de la gestión de Milei, la pérdida del poder adquisitivo en el sector público ya supera el 26%.
