Tanto la CTA de los trabajadores que conduce Hugo Yasky como la CTA Autónoma que lidera Pablo Micheli fueron aceptadas por la Corte Suprema de Justicia como amicus curiae (amigo del tribunal) para participar en la audiencia pública de las 10 del jueves próximo.
A partir del precedente de la causa «Orellano c/ Correo Oficial», se debatirá sobre la extensión de la titularidad de ese derecho y en ese contexto las dos centrales harán su descargo.
Diversas organizaciones sindicales ya señalaron su «temor» a la posibilidad de que a partir de la convocatoria de la Corte Suprema se produzca una ofensiva que procure limitar ese derecho.
Lo que se debatirá es si la facultad del derecho constitucional de huelga es de los sindicatos con personería o de los gremios en un sentido más amplio, aunque las organizaciones expresaron su «temor» a «un planteo empresario para restringir» esa facultad.
La audiencia pública tendrá carácter informativo y procurará determinar quiénes son los sujetos habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de acción directa en el marco de los conflictos laborales, en una decisión que generó «preocupación» en el ámbito sindical, que teme una ofensiva para limitar los alcances de ese derecho constitucional.
La convocatoria del máximo tribunal fue resuelta en el marco de la causa «Orellano, Francisco contra Correo Oficial», que se inició a partir de un conflicto colectivo aplicado por los trabajadores de la empresa estatal y sin el apoyo del sindicato de la actividad, lo que derivó en el despido de cuarenta y seis empleados del centro de distribución de la localidad bonaerense de Ezeiza.
La justicia laboral de primera instancia y, luego, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo interpretaron que fueron despidos discriminatorios y, los trabajadores, fueron cesanteados por ejercer el derecho de huelga y petición, por lo que ordenó la reinstalación de ese personal en sus empleos.
A pesar de que la Cámara consideró que la titularidad del derecho de huelga no corresponde a los trabajadores de forma individual sino que concierne al colectivo de la actividad u oficio aunque sus integrantes no estén afiliados, el Correo Oficial elevó un recurso ante la Corte y planteó objeciones en rechazo de esa interpretación, por lo que el máximo tribunal convocó a audiencia.
La convocatoria habilitó un plazo, que venció el 28 de agosto último, para presentar los denominados «amicus curiae», es decir, aquellas instituciones o personas interesadas en el debate para fijar posición por alguna de las partes y, según se indicó, confirmó³ su presencia la Unión Industrial Argentina (UIA).
También lo hizo la CTA de Yasky, la Autónoma (CTAA) de Pablo Micheli, la Asociación de Abogados Laboralistas, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Aceiteros.
El debate de fondo planteado por la Corte pone en tela de juicio si el derecho constitucional de huelga, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, es una potestad exclusiva de los sindicatos con personería gremial o corresponde a una concepción en sentido amplio de la palabra «gremio».
Ello involucra a una pluralidad de trabajadores unidos por el hecho de pertenecer al mismo gremio y sin tener en cuenta su afiliación a un sindicato, o inclusive a los integrantes de un establecimiento o sección de ese establecimiento.
«La Constitución establece de forma clara que la titularidad del derecho de huelga es de los gremios. El gran debate es si puede convocarla la entidad con personería gremial, con simple inscripción o un grupo de trabajadores», explicó Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma.
El asesor letrado del michelismo indicó que para el sector «la huelga es un derecho-conquista de los trabajadores que se agrupan por una reivindicación» y subrayó que «la primitiva defensa es la de negarse a cumplir tareas, una forma embrionaria ‘del derecho a resistir la opresión’, que se produce en el lugar de explotación».
Además sostuvo que «la interpretación correcta es que el titular del derecho es el trabajador organizado en un sindicato con o sin personería, pero también un colectivo organizado al solo efecto de la huelga, ya que la propia ley sindical determina que ese instrumento es de las ‘asociaciones sindicales’, sin precisar si son formales o informales, simplemente inscriptas o que posean personería gremial».
Las CGT de Antonio Caló y Hugo Moyano interpretan que la titularidad del derecho de huelga corresponde a las entidades con personería gremial, y las dos CTA, con su discurso de la libertad sindical, reclaman que ese derecho no puede ser limitado exclusivamente a la organización sindical.