El plan de lucha de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se profundizó con una nueva medida de fuerza realizada en todo el país y, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sindicato se movilizó hacia el Congreso Nacional.
La medida se dio en rechazo a las políticas de ajuste que recrudecen en el sector público: además de los despidos, cierre de organismos y una incesante pérdida del poder adquisitivo, con la declaración de disponibilidad de todos los trabajadores de la planta permanente.
“La medida de fuerza tuvo gran adhesión y se convierte en la antesala de un paro general que tiene que llegar en las primeras semanas de septiembre. Tenemos que pensar en una profundización del plan de lucha que nos permita ponerle freno a un Gobierno que se ha decidido a atacar todos nuestros derechos y arrasar con la Constitución Nacional”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.
El dirigente también aventuró la posibilidad de lanzar una nueva medida de fuerza general en conjunto con otras entidades gremiales: “Hay condiciones y sobran motivos para que todas las centrales obreras convoquen a una huelga. Que se queden tranquilos aquellos que siempre cuestionan a los que pelean. Si nuestros sueldos mensuales fueran de 9 millones de pesos como el de los senadores, no pensaríamos en llevar adelante estas acciones”.
“El plan económico del Gobierno no funciona ni va a funcionar. Además, los números cada vez le dan peor. Una gran mayoría de los que los respaldaron están decepcionados. Tenemos que seguir desgastándolos”, concluyó Rodolfo Aguiar.
En esta ocasión, ATE montó una carpa dentro del anexo del palacio legislativo con mesas para recolectar firmas por la anulación del DNU 70/23 que significa una pérdida de derechos para trabajadores y jubilados. Las medidas de fuerza se replicaron en todo el país con protestas frente a las legislaturas provinciales y concejos deliberantes locales.
Además, ATE se movilizó por:
- Anulación del DNU 70/23.
- Urgente reincorporación de todos los cesanteados.
- Cese inmediato de los despidos, del cierre de organismos y de la eliminación de las
políticas públicas. - Aumento de salarios y jubilaciones que superen la inflación.
- Regularización de todos los vínculos contractuales y pase a Planta Permanente de
todas las y los trabajadores. - Cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre.
- Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.
- Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los
trabajadores jubilados. - Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones.