El encuentro se realizará hoy a partir de las 10 en el cuarto piso de Talcahuano 550, sede del máximo tribunal de la Nación.
También participarán las dos CTA en el marco de la causa «Orellano, Francisco Daniel c/ Correo Oficial de la República Argentina sobre juicio sumarísimo», iniciada luego de un conflicto colectivo del personal de esa empresa sin el apoyo del sindicato de la actividad, lo que provocó el despido de 46 empleados.
Matías Cremonte, representante legal de Orellano y director del equipo jurídico de la ATE nacional, señaló que la justicia laboral de primera instancia y la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideraron «discriminatorias» las cesantías y ordenaron la reincorporación de los trabajadores.
La patronal, aunque lo hizo, elevó empero un recurso al máximo tribunal, que derivó en la convocatoria al «amicus curiae» (amigos del tribunal) de hoy para debatir «quién o quiénes están habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de acción directa».
Al momento se inscribieron diversas organizaciones, entre ellas las dos CTA, la Asociación de Abogados Laboralistas, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la de Aceiteros y la ATE.
La Corte Suprema transmitirá en vivo la audiencia a través del sitio www.cij.gov.ar/cijtv, en tanto la conducción de la ATE defenderá a través de Fuentes el derecho de huelga por ser de «los trabajadores y no de las asociaciones sindicales, ya que ese el mandato determinado por la Constitución Nacional», aseveró.
En un escrito presentado por el sindicato ante el máximo tribunal en la causa contra el Correo Argentino, el gremio explicó que la patronal se valió de la interpretación opuesta para despedir a los trabajadores en conflicto, bajo el pretexto de que la entidad con ámbito de actuación no había convocado a las medidas de fuerza.
Lo que se debatirá mañana es si la facultad del derecho constitucional de huelga es de los sindicatos con personería o de los gremios en un sentido más amplio, aunque las organizaciones expresaron su «temor» a «un planteo empresario para restringirlo».
La audiencia pública tendrá carácter informativo y procurará determinar quiénes son los sujetos habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de acción directa en el marco de los conflictos laborales, en una decisión que generó «preocupación» en el ámbito sindical, que teme una ofensiva para limitar los alcances de ese derecho constitucional.