Se trata de la decisión que se publicó esta semana y por la que se creó el Comando Unificado de Seguridad Productiva. Entienden que se pretende asimilar el trato a trabajadores en ejercicio del derecho de huelga con el trato a la delincuencia. Sospechan que no hay base científica detrás.
El Foro de Abogadas y abogados de Organizaciones Sindicales le realizó un pedido formal de información a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrcih, para que explique los datos en los que se basó para la creación del denominado Comando Unificado de Seguridad Productiva.
Para los abogados en la Resolución en la que se crea el Comando Unificado de Seguridad Productiva y su forma de funcionamiento, se «pretende asimilar el trato a trabajadores en ejercicio del derecho de huelga constitucionalmente garantizado con las medidas que ha requerido la lucha contra la delincuencia en el conurbano o en zonas como Rosario y Santa Fe».
En la misiva, presentada con fecha del 12 de septiembre y con la firma de puño y letra de 6 abogados, se esboza la chance de que la determinación de Seguridad no se base en ningún dato científico para la instalación de la nueva «fuerza».
«En la práctica no va a poder hacer mucho. Son muy pocos los sitios de jurisdicción nacional en los que va a poder actuar el ‘Comando’ de Bullrich», le dijo una importante fuente del espacio a InfoGremiales.
El pedido de informe podría ser el primer paso para una cuestión más de fondo sobre la cuestión: la inconstitucionalidad. Es que la idea de muchos es avanzar en una presentación en el cortísimo plazo para pedir un amparo que frene la aplicación de una normativa que podría atentar contra un derecho constitucional.
El Comando Unificado de Seguridad Productiva que se oficializó en el Boletín Oficial por la Resolución 893/2024 que lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Se trata de una nueva milicia, que específicamente se enfocará en la «protección» de las empresas petroleras, cerealeras y mineras, entre otras grandes firmas y parques industriales, por la supuesta necesidad de «protección especial» que requieren.
Entre los fundamentos de la decisión, se lee: «Que se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción, en zonas portuarias Bahía Blanca San Lorenzo – Timbúes, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, o Parques Industriales, hechos que concretamente incidieron en un peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas o libre circulación de los trabajadores, como también de su actividad productiva».
El Comando en cuestión dependerá directamente de Patricia Bullrrich y buscará «contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad, las personas y acciones delictivas que dañen los sectores productivos, mediante hechos o amenazas que pongan en riesgo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales en el territorio nacional».
La creación de una milicia es un nuevo paso en la escalada contra el derecho a la protesta, cuyos alcances legislativos todavía desconocemos. De hecho se espera la reglamentación de la Reforma Laboral de la Ley Bases para saber la profundidad de las normas que buscan cercenarlo por la vía legislativa.
