Luego de exponer el jueves último ante el máximo tribunal, en el marco de la audiencia pública convocada por el despido del Correo Argentino del trabajador Daniel Orellano, la ATE señaló que «el fallo debería ser difundido a la brevedad y marcar un precedente histórico a favor de la lucha colectiva por los derechos».
«La patronal no tuvo qué decir en la sesión de los alegatos. No tuvo argumentos. Las exposiciones expresaron que es indiscutible el derecho de reunión y de huelga de cualquier trabajador. Y no puede ser restringido de ninguna manera», expresó Jorge Ravetti, secretario general reelecto de la seccional Ezeiza-Esteban Echeverría-San Vicente de la organización estatal.
El máximo tribunal había convocado el jueves último a una audiencia pública a diversas organizaciones, que expusieron sobre el tema «La titularidad del derecho de huelga».
Junto a la ATE participaron la CTA de los Trasbajarores, la CTA Autónoma y las Asociaciones de Abogados Laboristas y de Buenos Aires, en el marco de la causa «Orellano, Francisco Daniel c/ Correo Oficial sobre juicio sumarísimo».
La causa había sido iniciada por las entidades sindicales con ámbito en la actividad del correo, que decidieron desoír «los requerimientos de los trabajadores en asamblea y exponerlos a persecuciones y prácticas de otros tiempos, hasta llegar a los despidos de empleados que se afiliaron y organizaron en la ATE, al igual que otros de sucursales bonaerenses», aseguró el gremio.
Matías Cremonte, representante legal de Orellano y director del equipo jurídico de la ATE nacional, subrayó que la justicia laboral de primera instancia y la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideraron «discriminatorias» las cesantías y ordenaron la reincorporación de los trabajadores.
Por su parte, Julio Fuentes defendió el derecho de huelga por ser de «los trabajadores y no de las asociaciones sindicales, ya que ese es el mandato determinado por la Constitución Nacional».
«La patronal se valió de la interpretación opuesta para despedir a los trabajadores en conflicto bajo el pretexto de que la entidad con ámbito de actuación no convocó a medidas de fuerza», explicó.
El debate giró en torno de si la facultad del derecho constitucional de huelga es de los sindicatos con personería o de los gremios en un sentido más amplio, aunque las organizaciones expresaron su «temor» a «un planteo empresario para restringirlo».
Fuentes, ex secretario general y ahora adjunto electo de la ATE nacional, ratificó que en primer término los titulares de ese derecho de huelga son «los trabajadores», sin necesidad de que ese instrumento sea convocado de forma previa por su sindicato.
El dirigente sostuvo que «el derecho de huelga se extendió luego a los sindicatos» y realzó que «es un dato oficial que en la Argentina la mitad de quienes trabajan son precarizados, no registrados y carecen de derechos, incluido el de afiliación».
«Si esos trabajadores pierden el derecho de huelga, pierden el derecho de ciudadanía y pasan a vivir en situación de esclavitud. De los empleados formales solo el 35 por ciento está sindicalizado, lo que reduciría la posibilidad de ejercer ese derecho a un sector más reducido de la fuerza laboral si se aceptara que solo puede ser aplicada por gremios», concluyó Fuentes.