El ajuste en el Estado no frena y menos aún en áreas de alta sensibilidad en un contexto del 53% de pobreza como Desarrollo Social, que hoy está comprendida dentro del mega Ministerio de Capital Humano. Hoy ATE Capital prepara una protesta al mediodía para reclamar por una nueva ola de despidos que se informaron por mail, sin aviso y dejando áreas enteras de ayuda sin contención ni solución de continuidad.
Trabajadores del ex Ministerio de Desarrollo Social, junto al sindicato ATE Capital, realizaron una protesta en la intersección de Av. 9 de Julio y Moreno de la ciudad de Buenos Aires para denunciar los despidos masivos que se comunicaron el pasado jueves 26 de septiembre.
Según el comunicado que difundió el gremio, los trabajadores recibieron las notificaciones de sus desvinculaciones a través de correos electrónicos, sin previo aviso y de manera arbitraria, lo que generó la indignación del personal afectado y sus compañeros de trabajo.
El gremio remarcó que los despidos se realizaron sin un criterio claro, afectando a diversas áreas del organismo de manera indiscriminada. Esto generó el vaciado de sectores completos que desempeñaban un papel fundamental en el desarrollo y ejecución de políticas públicas clave para la igualdad social, denunciaron los trabajadores.
La protesta también se centra en la denuncia de un clima de hostigamiento hacia los empleados estatales, quienes consideran que las decisiones de esta gestión ponen en riesgo tanto sus vidas como la de toda la población. El vaciamiento de áreas sensibles del ex Ministerio impacta directamente en la calidad de los servicios públicos, afectando a las personas más vulnerables de la sociedad.
Desde ATE Capital, el sindicato que representa a gran parte de los trabajadores estatales porteños, anunciaron que el lunes a partir de las 13:00 horas continuarán las medidas de fuerza para exigir el cese inmediato de los despidos y el desmantelamiento del Estado.
La protesta es parte de una serie de manifestaciones que buscan revertir los despidos y frenar lo que los trabajadores consideran una política de ajuste que afecta tanto a los empleados estatales como a la población que depende de los servicios sociales.
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