Mauricio Saillén y Pascual Catrambone ofrecieron pagar US$750.000 para su sobreseimiento en la causa que los investiga por el manejo de los fondos de la mutual, el gremio y la obra social

El Tribunal Federal Oral N° 1 de Córdoba deberá definir si lo acepta, lo que implica el sobreseimiento o perdón judicial Mauricio Saillén y Pascual Catrambone y otros 5 referentes del Sindicato de Barrenderos y Recolectores de Córdoba (Surrbac). La causa inició en 2019 y es por asociación ilícita, defraudación y usura.

Esta semana debía comenzar el juicio contra siete acusados de asociación ilícita, defraudación y usura, entre los que destacan los gremialistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, referentes del Sindicato de Barrenderos y Recolectores de Córdoba (Surrbac). Pero el proceso judicial finalmente se iniciaría la semana próxima, porque los defensores de los gremialistas ofrecieron por escrito pagar US$750.000 en concepto de «reparación integral del daño».

Si el Tribunal Federal Oral N° 1 de Córdoba lo acepta, implica el sobreseimiento o perdón judicial para todos; el fiscal federal general Maximiliano Hairabedián se opone.

En noviembre de 2019, la Justicia Federal ordenó el procesamiento en contra de todos los involucrados por las maniobras realizadas con dineros de la mutual, el gremio y la obra social.

La Justicia tomó la resolución basándose en una inspección realizada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), de la cual surgió que desde marzo de 2014 la mutual del Surrbac en Córdoba ( Amsurrbac) realizaba operaciones de préstamos financieros a sus asociados «sin contar con un reglamento, ni la autorización pertinente para aplicar descuentos directos sobre los salarios del personal».

También se tuvieron en cuenta tres informes contables practicados por los interventores judiciales de mayo, junio y julio de 2018 que establecieron que las tasas de interés «por los empréstitos eran excesivamente elevadas, no eran informada a los destinatarios, las cuotas mensuales eran descontadas en forma directa de sus salarios, figurando en un rubro genérico ‘consumos de mutual’; y que no se dejaba constancia documentada del préstamo».

Si los jueces federales Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y José Fabián Asís aceptan la propuesta, se cerrará el expediente sin que le generen antecedentes penales a los acusados.

El fiscal Hairabedián explicó a La Nación que «no están dadas las condiciones para aceptar» la propuesta y precisó que contra Saillén y Catrambone quedan otras causas abiertas. Su posición, argumentó, es porque el tema es de «trascendencia e interés público» ya que se afectó dinero de los trabajadores y, además, porque «no está claro el origen de los fondos que ofrecen» para el perdón judicial.

La Fiscalía sostuvo que los «préstamos», «ayudas» y «mutuos» otorgados por la mutual eran usurarios y extremadamente perjudiciales para los que los solicitaban; y, por otra parte, la suspensión del cobro de esos descuentos evita la continuación del delito (y un perjuicio) para los afiliados.

Por el artículo 359 del Código Procesal Penal de la Nación, el tribunal debería designar a un cuarto juez, porque se trata de una causa compleja. La discusión seguramente insumirá lo que resta del año y, si se inicia el juicio, será en 2025, cuando el presidente Díaz Gavier se debe jubilar, ya que el 11 de mayo cumple 75 años.

En septiembre de 2021, tanto la Fiscalía como la querella -la Unidad de Información Financiera (UIF)- pidieron la elevación a juicio de la causa por la que estuvieron detenidos el secretario general, Mauricio Saillén, y su segundo, Catrambone, mientras que otras 16 personas están investigadas. En ese momento se estableció que el perjuicio podría llegar a $150 millones.

El poderoso Surrbac -desde hace años enfrentado al camionero Hugo Moyano- está intervenido desde noviembre de 2019.