(Por Pablo Maradei) Luego de negarse a presentar los balances que justifiquen la situación de emergencia y a reincorporar a los 125 despedidos, Petroquímica Río Tercera recalculó. Ahora propone despedir sin causa, pagar los sueldos caídos y el 100% de la indemnización. Desde el gremio buscan sostener los puestos de trabajo.
Todo pasó en octubre si hablamos de las informalidades y desprolijidades en la trama que involucra a la empresa cordobesa Petroquímica Río Tercero: primero los trabajadores se enteraron por los medios que iban a ser despedidos por el cierre de la planta; a los días, exactamente un domingo a la noche, los empleados finalmente reciben mails informales anunciándoles las 125 desvinculaciones.
A esos hechos, sucedió una reunión en la delegación local del ministerio de Trabajo en la que se le exigió a esa compañía presentar los tres últimos balances para justificar los despidos pagando el el 50% de la indemnización al invocar el 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Refiere a la falta o disminución de trabajo no imputable al empleador o por fuerza mayor; y es el empleador quien debe probarlo, por eso el pedido de los balances. Y no solo eso, en la misma reunión, Trabajo dejó sin efecto los despidos y exhortó a la empresa a la reincorporación de todos los despedidos.
¿Qué pasó? La empresa no solo que desobedeció y no presentó los balances; sino que tampoco reincorporó a nadie.
Y este miércoles hubo novedades: Petroquímica Río Tercero pegó un volantazo y ahora invocó el artículo 245 de la LCT para volver a despedir a los 125 trabajadores.
En este caso, y por lo que le confirmó a InfoGremiales Omar Barbero, secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina (Festiqypra), «la empresa ofreció pagar el mes preaviso (o dos meses si la antigüedad es superior a los 5 años) y los salarios de octubre, noviembre y diciembre y extinguir el vínculo laboral el 31 de diciembre pagando el 100% de lo que corresponde por indemnización».
De esta manera se reconoce que la empresa no está en un proceso de crisis. Es por eso que Barbero confirmó que «rechazaremos la propuesta de la empresa» en pos de seguir manteniendo las fuentes laborales.
En la empresa, que cuentan con otras ramas químicas, trabajan 400 personas entre operarios y contratistas; de ellos 115 son afiliados al Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero (SPIQYP). La trama continuará en noviembre.