El líder de la UATRE, José Voytenco, salió a acusar a la Superintendencia de Servicios de Salud por la falta de servicios y medicamentos en la obra social de los trabajadores rurales intervenida desde octubre. Desde el Gobierno lo cruzaron y dijeron que recibieron un déficit operativo de 4300 millones de pesos mensuales. Rumores de un 2025 con un Milei empoderado y otro perfil.
El líder del gremio que nuclea a los peones rurales, José Voytenco, salió fuerte a instalar la falta de servicios y de medicamentos en la intervenida Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). De hecho, difundió reclamos y denuncias por la falta de servicios médicos y de entrega de medicamentos de parte de los afiliados.
Según dejó trascender el gremio los inconvenientes afectan tanto a los tratamientos ambulatorios como los oncológicos y los de alto costo en las sucursales de todo el país, donde se atienden unos 700.000 trabajadores rurales y sus respectivas familias y responsabilizaron por la situación a la intervención de la entidad.
Vale recordar que el 26 de octubre pasado la Superintendencia de Servicios de Salud emitió la resolución N°Nº-3.948/24, mediante la cual dispuso destituir al Consejo Directivo de OSPRERA.
Voytenco acusó a los funcionarios designados por el Gobierno de no garantizar la cobertura prestacional a sus afiliados: hay pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas, epilepsia, insuficiencias renales, esclerosis múltiple, discapacidad, parálisis cerebral y trasplantados o a la espera de trasplante que corren grave riesgo de vida por la interrupción de los tratamientos médicos que les corresponden.
Desde el Gobierno levantaron el guante. En un comunicado de la propia OSPRERA le recodaron que tomaron la entidad de salud, la tercera más importante del país, con una deuda de 50 mil millones de pesos y «un déficit mensual de 4300 millones de pesos».
En un escrito destinado a los afiliados, el interventor reseñó que encaró negociaciones con los prestadores y las droguerías y que definió planes de pagos «razonables». Además aseguró que está normalizada la situación de Córdoba y el conflicto con los anestesistas.
«Estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas y seguiremos trabajando incansablemente para garantizar una cobertura de excelencia para nuestros afiliados», concluye el texto de la intervención.
La pelea del Gobierno con Voytenco por el control de la obra social sindical se da un un marco de una escalada de las escaramuzas entre la gestión libertaria y los gremios. En algunos espacios del poder ya se habla de una nueva normalidad para 2025, con Javier Milei empoderado, en la que la «casta sindical» sea uno de los objetivos por parte de Casa Rosada.