La fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales imputó por «lavado de dinero» al secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, por realizar maniobras espurias con el dinero de los afiliados del sindicato.
Además de Caló, la acusación judicial alcanza a otros miembros de la cúpula dirigente de la UOM, que incluye a los hijos del fallecido e histórico referente de ese gremio, Lorenzo Miguel.
Así, uno de los principales referentes de la CGT quedó en el centro de la tormenta y, junto al resto de los imputados, podrían serle inhibidos sus bienes, ya que la fiscal solicitó esa medida ante el juez que tramita la causa, Pablo Yadarola.
De acuerdo a la investigación en curso, los denunciados habrían cobrado 20 mil dólares mensuales entre 1987 y 2008, que correspondían al 20 por ciento de la recaudación de seguros de vida y sepelios a los afiliados de la UOM.
Hasta ahora, la causa tiene a Segundo Pantaleón Córdoba, ex jefe del área jurídica del sindicato metalúrgico, como único condenado. Sobre él pesa una pena de un año y nueve meses de prisión, tras pasar por un juicio abreviado.
En ese fallo, el Tribunal Oral Penal Económico N° 2 describe a los sindicalistas en duros términos al vincularlos con el “aparente daño patrimonial a miles de trabajadores de la UOM durante más de veinte años (1987-2008) y el manejo indiscriminado y hasta inmoral de fondos en principio provenientes de delitos”.
La investigación se hizo pública en 2013 por el periodista Diego Genoud, pero explotó mucho antes, el 2 de agosto de 2011. Aquel día, personal de Aduana sorprendió a Córdoba llevando 800.000 dólares hacia Montevideo, Uruguay. El dirigente gremial viajaba en Buquebús y distribuyó el dinero en el interior de su vehículo BMW, una cartera, un bolso y dos mochilas.
En su defensa, el abogado de la UOM reveló que el dinero era para la compra de propiedades en Uruguay y confesó cuál era su origen: provenían de pagos en negro del Instituto de Seguros, presidido por Julio Raele, estrecho allegado a Lorenzo Miguel.
Los descargos de Córdoba describieron con profundidad la magnitud de la maniobra. Denunció que que él y otras 13 autoridades del gremio -Caló incluido- se repartieron los fondos sindicales mensualmente en «prolijos sobres marrones».
«Lo pacté con Lorenzo Miguel, secretario general de la UOM, y Julio Raele, en su carácter de máxima autoridad del Instituto del Seguro. A partir del primero de julio de 1987 comencé a percibir esos dineros como remuneración mensual, habitual y permanente, por mi actividad lícita como abogado. Lamentablemente nunca se plasmó en la registración formal de salario decente», sostuvo Córdoba.
Raele fue un empresario de estrecha vinculación con Miguel y muchos otros sindicalistas. Tuvo un mítico departamento con quincho en la calle porteña Viamonte al 1600. Allí se realizaban importantes reuniones políticas que llegó a incluir participación de presidentes.
Los dichos de Córdoba fueron ratificados por Roberto César Echenique, contador de la UOM, y los abogados del gremio Ricardo Weisz y Hugo Rodríguez, según la causa.
Córdoba pagó por su culpabilidad no solo la condena, sino un decomiso de 800 mil dólares y el pago de una multa de 70 mil pesos.
Su paso por la UOM le dio al ex abogado sustanciosos réditos económicos. Según la Justicia de Uruguay, tiene tres cuentas bancarias con u$s2.500.000 en concepto de ahorros, realizó inmobiliarias en lujosos departamentos de Punta del Este y en Miami, y vendió una propiedad en la misma ciudad por 600 mil dólares.
Además, es dueño de dos departamentos sobre la avenida Coronel Díaz, en el barrio porteño de Palermo, de cocheras en la avenida Independencia y de dos vehículos.