Gremios amenazan con causas penales si avanza el traspaso forzado de 6 millones de personas a las prepagas

Es por la resolución del Gobierno que entra en vigencia el 1 de febrero. Los gremios denuncian la privatización de la salud.

El Gobierno de Javier Milei ordenó el traspaso forzado de seis millones de personas al servicio de medicina prepaga y los gremios salieron a denunciar «la privatización de la salud».

La situación desató el conflicto entre Mario Lugones, el ministro de Salud, y una funcionaria de Santiago Caputo por la resolución que busca quitar a las obras sociales como intermediarias con el argumento de terminar con los «sellos de goma» y la triangulación que se hace entre el afiliado, la obra social y las prepagas.

Pero ahora irá por todas las obras sociales, incluso las 50 que funcionan con normalidad y tienen tratamientos en marcha. A partir del 1 de febrero se pasarán compulsivamente los aportes de alrededor de 1,5 millón de personas a las prepagas, de un universo de 6 millones de afiliados a las obras sociales.

La resolución saldrá en las próximas horas y los gremios ya preparan denuncias penales por abuso de autoridad y defraudación.

Es que Lugones no quiso firmar porque teme a las denuncias. La misma excusa usó el superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, que alegó que como viene de Osde le puede caer el conflicto de interés por beneficiar a la prepaga.

La resolución, que ya está firmada, recayó en el director de la Unidad Gabinete de Asesores, Roberto Olivieri, que no tiene el rango para hacerse cargo de una medida semejante que no sólo afectará a millones de personas sino que comprometerá a las obras sociales a una situación de quiebra.

Es que pese a que ya pagaron tratamientos y medicamentos de 60 a 90 días por delante, las obras sociales no percibirán la mayor parte de los aportes a partir de febrero. Incluso los aportes de enero, que se pagan en febrero, no los cobrarán pese a haber prestado los servicios.