El Gobierno empieza la privatización de la empresa de energía Enarsa a través del Ministerio de Economía. La medida alcanza al transporte eléctrico, gasoductos, represas y centrales térmicas. Críticas de expertos por la lógica del desguace y el impacto sobre la seguridad energética.
A través del Decreto 286/2025, el Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización total de Energía Argentina S.A. (Enarsa), una de las empresas estatales clave del sector energético. El primer paso será la venta del 100% de las acciones en Citelec S.A., controlante de Transener, la firma responsable de la transmisión de electricidad en todo el país.
La decisión implica una transformación estructural del rol del Estado en la energía. Enarsa, creada en 2004, fue durante dos décadas protagonista en el desarrollo y gestión de infraestructura estratégica, incluyendo el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, represas hidroeléctricas y termoeléctricas, entre otras.
Según el Gobierno, el objetivo es «mejorar el servicio, fomentar la competencia y garantizar precios reales», pero expertos cuestionan la medida. “Enarsa no puede evaluarse como una empresa común: no tiene misión comercial sino ejecutiva”, advirtió a Página/12 el economista Alberto Muller, quien alertó sobre posibles conflictos de interés y concentración vertical si la operación no contempla criterios regulatorios estrictos.
¿Qué se privatiza?
El paquete de activos que se pondrán a la venta incluye:
- Transener, con 12.400 kilómetros de líneas de alta tensión.
- El 100% del Gasoducto ex Néstor Kirchner, con capacidad de evacuar más de 21 millones de m³ diarios.
- El 70% de la Central San Martín (Timbúes, Santa Fe) y el 65% de la Central Manuel Belgrano (Campana, Buenos Aires).
- El 98% de las represas del Comahue y dos en construcción en Santa Cruz.
- El 50% del puerto de Escobar, junto a YPF.
- Participaciones en parques eólicos, el Gasoducto del Noreste, Yacyretá y Salto Grande, entre otros.
La ejecución del proceso será responsabilidad del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, con la intervención directa de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada por el actual Gobierno.
Desde el oficialismo se sostiene que Enarsa requiere subsidios millonarios y que su estructura no es eficiente. Sin embargo, distintos analistas consultados por el medio rebaten esa mirada y señalan que el déficit se explica principalmente por los subsidios a la importación de gas, gestionados a través de la empresa.
“Más que una firma del mercado, Enarsa funciona como brazo ejecutor del Estado en política energética”, explicó Muller. “La privatización de este tipo de empresa no responde a criterios de eficiencia económica clásicos”.
Aunque el Gobierno asegura que no habrá afectación del suministro energético, existe preocupación por el eventual desmantelamiento de capacidades técnicas y logísticas que hoy permiten operar infraestructura crítica para el país.
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