La conducción del polémico Omar Suárez al frente del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos sigue en su curva descendente. Ahora, un grupo de agrupaciones marítimas opositoras a su liderazgo presentaron un escrito ante el Juez Rodolfo Canicoba Corral, pidiendo la intervención del sindicato.
Es que Suárez está procesado por Canicoba Corral y a la espera del juicio oral, por entorpecimiento del transporte por agua en medio de un supuesto conflicto gremial. El juez incluso accionó un embargo de sus bienes con valor de cinco millones de pesos.
El texto solicita “la separación del cargo de Enrique Omar Suarez en virtud de las conductas que generaran indicios vehementes para sospechar la comisión por parte del mismo de los delitos que se le imputan y que motivaran su procesamiento, el cual se encuentra firme al ser confirmado”.
A su vez reclama “la intervención del SOMU”, dada “la posibilidad de que utilice todos los resortes a su disposición para ocultar pruebas o fabricar situaciones que pueden resultar contrarios a los intereses de los afiliados”.
En rigor, el pedido de intervención ya estaba presentado. Pero recientemente se sumó otro argumento: la concreción de las elecciones en el gremio, declaradas nulas e ilegales por el Ministerio y la Justicia.
Es que en julio pasado, apenas cuatro días luego de que se confirmara su procesamiento, “Caballo” Suarez puso en marcha su plan para adelantar elecciones en el SOMU, como una forma de legitimarse ante su complicada situación judicial.
Así, mientras esperaba la puesta en marcha del juicio oral y público en su contra, llamó a alecciones para el próximo 19 de octubre, que en realidad se iban a realizar en abril del 2016. Y si bien el Ministerio de Trabajo rechazó la jugada de Suárez, el mandamás del SOMU siguió adelante con sus planes.
Suarez y su Comisión directiva resolvieron desafiar a la autoridad ministerial y llevaron a cabo los comicios ilegales, en un clima de máxima tensión que se tradujo en protestas en diferentes seccionales por parte de los afiliados al gremio. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 28 también declaró la ilegalidad del proceso electoral.
La resolución ministerial fue una respuesta al pedido de una serie de agrupaciones, como la “Marítima Nacional Juan Ocampo”, la “25 de Noviembre-zona norte”, la “Gaucho Rivero”, y la “Juventud Marítima Juan Ocampo”. Las mismas que ahora proclaman la intervención del SOMU.