Según fuentes de la UEJN, Piumato denunció al magistrado oranense por el desarrollo durante mucho tiempo de actitudes y comportamientos directamente vinculados con el «abuso de autoridad y la violencia o el maltrato laboral».
El dirigente también explicó que a estas actitudes de larga data se les suma un hecho registrado el viernes, cuando tres empleados del Juzgado solicitaron al fiscal federal Eduardo Villalba que se les brinde protección por haber declarado como testigos en la causa en la que Reynoso está imputado de presuntamente cobrar coimas para favorecer a narcotraficantes con gestiones judiciales.
Los empleados acreditaron sus dichos con grabaciones en las que se puede escuchar a Reynoso dirigiéndose a ellos con tono amenazante, por lo que Villalba y el titular de la Procuradoría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, solicitaron a juez federal uno de Salta, Julio Bavio, que intervenga.
De esta manera, se busca evitar que deban regresar a prestar funciones en sus lugares de trabajo mientras perdure la situación actual, y se conviertan en objeto de posibles represalias.
Piumato añadió este hecho a su denuncia, y solicitó la suspensión preventiva del magistrado, que ya fue citado por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, por otras denuncias previas, para el viernes 4 de diciembre, a las 11, con el fin de escuchar su descargo.
Este mismo órgano dispuso realizar una auditoria en el Juzgado Federal de Orán, luego de la elevación por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta de las actuaciones de la causa en la que se investoga a Reynoso.
El magistrado oranense es investigado por asociación iícita, cohecho y prevaricato, a partir de dos denuncias formuladas por una ex pareja de un narcotraficante y el abogado del foro salteño, David Leiva, que derivaron en una resolución de Bavio, quien expresó que existen motivos suficientes para sospechar que Reynoso «ha participado en las conductas ilícitas objeto del proceso».
Por ello, ordenó allanar su juzgado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y lo citó a indagatoria, a la vez que detuvo a otros seis imputados, cinco de ellos abogados y el restante funcionario judicial, a los que luego se sumaron otros dos.