Los choferes de la línea 60 de colectivos que decidieron no cobrar boleto a los pasajeros como protesta ante un despido, en junio pasado, serán investigados por el presunto delito de «estafa» en perjuicio de la empresa.
Lo resolvió la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen, que revocó el archivo de la denuncia formulada por la compañía Monsa, que opera el servicio de ese transporte público de pasajeros.
Según la denuncia de la firma de transporte de pasajeros, los choferes «desde el 25 de junio de 2015, presuntamente a modo de protesta por el despido del empleado Alejandro Benítez, habrían trasladado a los pasajeros sin obtener una retribución por tal servicio».
En el fallo, los jueces Alberto Seijas, Carlos Alberto González y Mariano González Palazzo sostuvieron que «no puede descartarse la hipótesis de administración fraudulenta ya que tal obrar de los conductores podría representar una violación de los intereses confiados por la empresa que le ocasiona un perjuicio económico a ésta y, al mismo tiempo, genera un lucro indebido a terceros».
De esta manera, el tribunal ordenó analizar si los choferes tuvieron «a cargo -o no- el manejo y cuidado del patrimonio ajeno, y si con su accionar quebrantó el deber impuesto, perjudicando así los intereses que le fueron confiados».
Lo cierto es que los jueces descartaron el argumento defensista que indica que «los choferes no se beneficiaran personalmente con la maniobra». «El lucro indebido en la hipótesis lo obtendrían terceros, concretamente, los pasajeros que utilizarían el servicio sin pagar y en consecuencia guardarían para sí el precio del boleto», refutó el tribunal.
Pero además, destacó que «también existiría un perjuicio económico que no sólo estaría dado por la falta de ingresos a la firma para cubrir erogaciones (tales como sueldos de los dependientes), sino por la imposibilidad de acreditar la prestación de un servicio público que justifique el otorgamiento de los subsidios estatales que percibe dicha empresa privada».
El expediente fue remitido a la jueza de instrucción Alicia Iermini, quien deberá investigar la conducta de los choferes de la línea que transporta diariamente a 250.000 pasajeros entre el barrio porteño de Constitución y la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar.