Los trabajadores estatales nucleados en ATE cumplieron un paro nacional y se concentraron a las 13 frente al edificio central de la cartera laboral para entregar el petitorio al flamante presidente Mauricio Macri.
El secretario general de ATE Nacional, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, fue el principal orador del acto que se desarrolló ante el ministerio que conduce Jorge Triaca (hijo), donde dijo que “hoy los trabajadores estatales queremos que nuestros derechos y nuestra dignidad sean una parte prioritaria de la agenda de temas que discuta la sociedad argentina”.
“Esta prioridad, esta dignidad, estos derechos que defendemos los trabajadores tienen que ver con la posibilidad de construir verdaderamente un Estado solidario y popular”, subrayó.
En este marco, el dirigente cuestionó “los discursos que quieren desacreditar al empleado estatal”, al señalar que “a lo que realmente apuntan es que el Estado sea subsidiario de la empresa privada”.
“Esos discursos esconden su verdadero motivo que es destruir el mercado interno, la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora e inhabilitar el valor fundamental de los convenios colectivos de trabajo que hemos alcanzado”, subrayó.
Denunció asimismo que “actualmente hay más de 400.000 trabajadores municipales en el país que no le es reconocido el salario mínimo de 5.600 pesos” y seguidamente reclamó un bono de fin de año de 5.000 pesos para todos los estatales.
La huelga nacional de ATE reclamó además la reapertura de las paritarias recibió el apoyo de la CTA-Autónoma que conduce Pablo Micheli.
De la marcha participaron representantes de todas las regionales de ATE y la CTA-Autónoma, entre los que destacó la presencia del titular del gremio municipal de Jujuy Carlos “Perro” Santillán y del ex diputado nacional Víctor De Gennaro, entre otros.
En el mismo momento que los estatales se aprestaban para protestar se conocía, a través de su publicación en el Boletín Oficial, el decreto 254/2015 por cual Macri instruyó a los ministros, secretarios y autoridades de organismos descentralizados, a las empresas y sociedades del Estado de la administración pública nacional «a revisar los procesos concursales y de selección de personal», tarea que deberán cumplir «en un plazo no mayor a seis meses» computados a partir de hoy, como publica el Boletín Oficial.
La norma dictada autoriza también a revisar «en un plazo no mayor de tres meses las designaciones efectuadas por procesos concursales de personal de dichos Ministerios u organismos durante los últimos dos años computados desde la vigencia del presente» decreto.
El decreto presidencial autoriza, además, a renovar «por el plazo de tres meses las contrataciones de personal en el marco de lo establecido en el artículo 9 del anexo de la Ley 25.164».
Un día de malas señales para una relación que nació tensa y que cada día se vuelve peor. Ahora hay que esperar la reacción formal de los estatales ante lo que pareció casi un desafío a sus reclamos.