El secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara), Ariel Fasione, señaló que «en las últimas horas Lotería Nacional le comunicó a una de las empresas concesionarias que definitivamente no hay posibilidad de una nueva prórroga o un eventual llamado a licitación, y que las salas cerrarán sus puertas en cuanto se resuelva la medida cautelar judicial que las mantiene en funcionamiento».
El año pasado, la jueza Stella Maris Vulcano, a cargo del Juzgado Laboral Número 40, hizo lugar a una presentación del gremio para mantener en actividad los bingos ubicados en los barrios de Congreso, Caballito, Flores y Belgrano y en la peatonal de la calle Lavalle, ante la falta de acuerdo planteada en ese momento por el Instituto de Juegos de la Ciudad de Buenos Aires y la Lotería Nacional.
«Entendemos que ahora, tras el cambio de gobierno, esas posturas diferentes ya no existen y los dos organismos oficiales tienen la misma decisión de cerrar las salas, pero también es cierto que no se cumplieron ningunas de las medidas requeridas por la jueza en cuanto a resolver la situación laboral de los trabajadores», explicó Fassione, quien agregó que la magistrada los citó para una nueva audiencia el próximo 29 de abril.
El dirigente sindical ratificó que el gremio aún aguarda el llamado de Lotería Nacional para hablar de continuidad laboral y estabilidad de empleos, «pero si la decisión política está tomada y es irreductible, entonces llegó la hora de hablar de la reubicación de los trabajadores, que tantas veces nos prometieron desde el Estado, o el pago de indemnizaciones».
Fassione puntualizó que Aleara presentó una nota ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para que la situación pueda enmarcarse en el programa de Restructuración Productiva, contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo, pero «lamentablemente no tuvimos respuesta hasta el momento».
«Es reconocido por todos, y principalmente por el propio gobierno nacional, que el país vive una situación económica y social complicada y por eso pedimos que las autoridades actúen con prudencia y responsabilidad a la hora de resolver el futuro de 400 familias», planteó por último el dirigente sindical.