Desde el año 2011 venía funcionando en la provincia del Chaco, el Programa Nacional de Salud Mental dependiente de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación. Este programa contaba con 75 profesionales distribuidos en CICS (Centros Integradores Comunitarios y Hospitales Generales) de 23 localidades del interior provincial.
En declaraciones a InfoGremiales, Ariel Pablo Blanco, uno de los empleados despedidos detalló la situación y subrayó el “muy mal manejo de todas las autoridades”.
“Somos 75 entre enfermeros, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, auxiliares de enfermería y agentes sanitarios, cubríamos 23 localidades del interior de la provincia del Chaco, y de un día para otro y con un muy mal manejo de todas las autoridades se dejó sin cobertura a todos los habitantes de las distintas localidades, haciendo caso omiso de los planteos de la Ley Nacional de Salud Mental, de la adhesión de la provincia del Chaco a dicha ley y de la reciente creación del Órgano de Revisión a nivel provincial”.
“A partir del programa se pudo garantizar el acceso a la atención en salud mental a las personas de los lugares en los que estaban los equipos así como a todas las localidades y parajes de la zona, se realizaban acciones de prevención de problemáticas prevalentes en salud mental (adicciones, suicidio, violencia familiar, entre otras) y se logró descentralizar la atención que hasta entonces se realizaba en los Servicios de Salud Mental del Hospital Perrando (Resistencia) y Hospital 4 de Junio (Sáenz Peña); brindando así respuestas adecuadas a cada situación particular en un menor tiempo”.
El 29 de febrero se vencían los contratos de estos 75 profesionales y agentes sanitarios, la decisión de la Dirección Nacional de Salud Mental, sin siquiera comunicar formalmente a los afectados, fue la no renovación de los mismos; esto a pesar de la cantidad de informes y reuniones que se mantuvieron desde la Dirección Provincial de Salud Mental y del Ministerio de Salud Publica del Chaco, resaltando el perjuicio que se efectuaba a la provincia de caer este programa.
“Nos hicieron trabajar todo el mes de marzo y ahora nos dicen que estamos de baja desde el 1 de febrero sin pagarnos el mes y sin garantías de continuidad”, relató Blanco. Y subrayó: “No era un Programa fantasma, sino sistemáticamente monitoreado y supervisado en terreno además de los informes mensuales que daban cuenta del trabajo comprometido que realizaban los equipos”.
Por último, expresó: “Nos manifestamos poniendo a todos los ciudadanos en conocimiento de esta situación porque es un derecho de aquellos que por estar en localidades casi inhóspitas de la provincia muchas veces no son escuchados, hoy ponemos voz a los usuarios, a los despedidos, si no, nos sentiríamos cómplices de la vulneración de los derechos al acceso a la salud y al trabajo de nuestros coprovincianos”.
Según pudo constatar InfoGremiales la situaciónes similar en otras provincias. En algunas se lo dio de baja y en otras se realizó un achique del personal.