Imponiendo una fuerte multa de 3 mil pesos diarios para el caso que la titular de la Cámara Alta, la Licenciad Gabriela Michetti, desobedezca la reinstalación de la accionante, la Cámara Nacional del Trabajo no sólo asumió la competencia laboral del masivo conflicto producido por los despidos en el Senado de la Nación, sino que también dio una pauta importante respecto del futuro de las cientos de causas iniciadas por los despedidos. Se habilita la vía del amparo por lo que se aplican normas constitucionales para darle trámite rápido al conflicto.
El fallo, al que tuvo acceso en exclusiva InfoGremiales, expresa que: “En la hipótesis de autos, tenemos una trabajadora que ha perdido su empleo, sorpresivamente, con lo cual dada la protección normativa, convierte en evidente el peligro en la demora, en virtud del carácter alimentario del salario y la pérdida de obra social tanto para ella como para los terceros supuestamente a su cargo, y como lo manifestara verosímil el derecho”.
Del mismo modo, en otra parte del extenso escrito, la Cámara acepta tanto el criterio de estabilidad de la trabajadora, como el cumplimiento de una función laboral propia de la actividad legislativa.
Además expone duros terminos al aceptas el tenor discriminatorio de los despidos, invocando posturas que la propia Suprema Corte ha receptado en casos anteriores: ”En sentido análogo, con relación a la admisión de la medida cautelar, en los supuestos de trabajadores que invocan la ley 23.592, es posible privar de efectos una conducta de la empleadora, en los términos del art. 1 de la ley 23.592 cuando se advierte una clara motivación discriminatoria y se admite la posibilidad de una reinstalación cautelar cuando existen elementos que adviertan de la existencia de una clara verosimilitud en el derecho” (doctrina elaborada por la CSJN en las sentencias dictadas el 11/11/08 “A.T.E. c/ Estado Nacional” y el 7/12/10 en autos –“Alvarez Maximiliano c/ Cencosud SA)”.
Fuentes del Senado informan que la decisión de Michetti ante el revés judicial ha sido apelar el fallo y desobedecer la orden judicial, lo que pone a la Presidenta del Senado al borde de una denuncia penal.