La aprobación en una sesión escandalosa, y la multitudinaria movilización de más de 20 cuadras para repudiar la iniciativa de María Eugenia Vidal de declarar la Emergencia Administrativa en territorio bonaerense, todavía deja voces que se alzan. Es que la legislación tendrá un fuerte impacto en el ámbito laboral.
Para el titular de ATE de la Provincia de Buenos Aires, Oscar «Colo» De Isasi, la normativa impulsada por Cambiemos «es el desguace de lo poco que queda del Estado, porque se van derribar todos los controles y precarizar el empleo».
El estatal, y también titular de la CTA Autónoma provincial, remarcó que la masiva movilización «es el punto inicial de la unidad de acción para evitar el ajuste», que incluyó a más de 15 organizaciones gremiales.
Para el diputado provincial Miguel Funes, «la ley que presentan en forma de emergencia no es tal. Habla de un déficit en las áreas, pero es vago el argumento de cuál sería el déficit y su profundidad».
Por ello, el legislador provincial del Frente para la Victoria, remarcó que «esta ley lo que busca es vulnerar los derechos de los trabajadores del Estado, puesto a que echa mano a la Ley 1.430, que regula el trabajo en el ámbito público»
Para Funes, que los nuevos contratos que permite la Emergencia Administrativa no generen ningún tipo de expectativa, ni derecho, ni prórroga, ni dependencia, jaquea la carrera administrativa de los empleados públicos.
«Quienes sean contratados ahora no van a tener ningún tipo de relación con el Estado, por lo cual es el fin de la carrera administrativa», añadió el diputado.
Además, el legislador transmitió la preocupación de los trabajadores del Patronato de Liberados. Es que los empleados cumplían funciones en al ámbito de Justicia y desde ahora pasarán a la Secretaría de Derechos Humanos. «Lo que preocupa es que no se especifican ningún tipo de políticas, a pesar de modificar la ley de ministerios, por lo que hay temor con su futuro laboral», comentó.