Con las expectativas en las paritarias pendientes más que en los despidos, como lo están algunos gremios grandes como nada menos que Camioneros, más otras razones más políticas, lo cierto es que existe una motivación puramente económica para la CGT en dilatar una confrontación abierta con el gobierno.
Se trata nada menos que del desembolso de unos $ 2.700 millones adicionales al presupuesto anual que el Estado Nacional debe aportar a la Superintendencia de Servicios de Salud que articula las Obras Sociales manejadas por los sindicatos de la CGT.
En el Ejecutivo confirmaron que esa promesa sigue en pie y aseguraron que antes de mitad de año se habrá resuelto el mecanismo para entregar el dinero, según confirmó Ámbito.com.
Se trata puntualmente de reorientar excedentes del Fondo Solidario de Redistribución (FSR, que acumula aportes de las propias obras sociales para la atención de casos de alto costo y complejidad) correspondientes a 2015 y que la Superintendencia distribuirá para el pago de expedientes atrasados.
Pero además, sottovoce, gremialistas y funcionarios mantienen en pie las negociaciones para el reparto de todo el FSR, que en la actualidad suma unos 30 mil millones de pesos.