Los datos surgen de un sondeo realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), desde el 1 de enero hasta el 30 de junio pasado en referencia al mismo período de 2015. Miguel Ángel Calvete, presidente del organismo de estadísticas, detalló a Ámbito Financiero que el trabajo se realizó en base a un cuestionario elaborado sobre unas 816 pymes ubicadas en el ámbito geográfico de la Ciudad de Bs As, La Matanza, San Martín, Rosario, Santa Fe Capital, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata. También se celebraron relevamientos de campo en diferentes barrios de esas mismas ciudades.
Los datos del sondeo de INDECOM son trascendentes porque las Pymes son las dadoras del 80% del empleo en general y de más del 90% del empleo informal del país.
Al respecto, el informe detalla que un 29,3% de las pequeñas y medianas empresas consultadas reconocieron que durante los últimos seis meses pasaron entre 3 y 5 empleados promedio al régimen informal, eliminando las cargas impositivas y tributarias que les correspondían cuando esos trabajadores estaban incluidos en el régimen laboral.
Además, el 13,3% de las pymes afirmaron que celebraron con ese mismo promedio de empleados contratos de prestación de servicios trimestrales o semestrales a cambio de exigirles la inscripción en el régimen del monotributo.
Sobre ese total de pequeñas y medianas empresas, «el 32,2% afirmó que lo hicieron para evitar la suspensión de los trabajadores, el 47,6 % para no despedirlos y 20,2 restante para no llegar al quiebre definitivo».
A su vez, el 44 % de las personas consultadas reconocieron que se quedaron «fuera del régimen de trabajo registrado en lo que va del año». Sobre ese total, un 27,4% aseguró que perdió su fuente laboral en el ámbito público, y un 16,6% afirmó que lo echaron de su empleo en el sector privado. En tanto, un 41,6% de los consultados reconoció que volvió a insertarse en el mercado laboral, pero destacaron que lo hicieron bajo condiciones informales, mientras que el 58,4 % restante afirmó que aún sigue sin empleo.
En la mayoría de los casos, los pequeños empresarios afirmaron que dejaron de pagar las cargas sociales «como mecanismo de financiamiento».
Según Calvete, estos datos muestran que «en los primeros seis meses se registró uno de los peores comportamientos del mercado de trabajo de los últimos años, ya que a la desocupación se suman las suspensiones, los incumplimientos en los aportes y la caída del empleo registrado». En ese sentido, aseguró que si se compara con lo sucedido en años anteriores, se vive una situación de tal magnitud que no se registraba desde el 2008-2009, cuando el país sufrió los embates de la crisis mundial».
Por su parte, el informe arrojó que «el 91, 6 % de los trabajadores dijeron que aceptaron estas nuevas condiciones de precarización laboral por el temor que les genera la posibilidad de perder sus empleos».