Los trabajadores del SOMU desarrollaron la «Marcha Federal Marítima» para reclamar que devuelvan la herramienta gremial a sus afiliados. La protesta comenzó por la mañana y se dirigió al Ministerio de Trabajo de la Nación y en horas del mediodía se trasladó sobre la avenida Comodoro Py al 2000, frente al edificio de los tribunales federales de Retiro, donde la Policía Federal montó un descomunal operativo de contención.
“¡Fin inmediato de las intervenciones del SOMU y la Obra Social de Personal Marítimo! Ya basta, 6 meses de intervenciones liquidatorias contra trabajadores marítimos. Febrero-Agosto 2016”, escribieron los trabajadores en los volantes que repartieron sobre la avenida que da al ingreso principal de Tribunales.
Tanto en Trabajo, como en Comodoro Py, los manifestantes entregaron un petitorio respaldado con firmas de trabajadores afiliados del gremio y de la Obra Social del Personal Maríti
mo (OSPM), en el que solicitaban que se «arbitre los medios ante a fin de poner término inmediato a las intervenciones liquidadoras de las dos instituciones».
Entre otras irregularidades señalan que: «Han paralizado la Institución, suspendido los derechos y conquistas ganados durante años y plasmados en Convenios Colectivos y en Acuerdos con Cámaras y Empresas, anulado las bolsas de trabajo de Capital y del Interior del país, dejando fuera del sistema previsional y jubilatorio a miles de personas».
También remarcaron que los interventores «Se han asignado sueldos millonarios, creando una superestructura burocrática destinada a perseguir ideológicamente a los empleados y a los trabajadores y a desarmar las conquistas gremiales»
Más tarde, la columna se dirigió a las puertas del gremio para trasladar la protesta al lugar de los hechos, donde recordaron que el SOMU «no es del PRO, ni es de un juez, es de los trabajadores».
El viernes pasado el juez Federal Rodolfo Canicoba Corral, quién ordenó la intervención en febrero de este año, fijó un “plazo de 180 días corridos para finalizar con la intervención ordenada respecto de SOMU y la administración provisoria de la fundación Azul para el cuidado y representación del medio ambiente marino, fluvial y lacustre y de la Asociación Mutual del SOMU”.
La medida judicial incluyó las intervenciones del SOMU, de su asociación mutual y de la Fundación Azul que lideraba Omar Suárez y fue dirigida a la interventora y diputada nacional Gladys González en el marco de la causa 4.683/12, caratulada «Suárez, Enrique Omar y otros /entorpecimiento de servicios públicos y otros delitos».
El 18 de febrero Canicoba Corral había dispuesto dispuso la intervención del SOMU en el marco de la causa en la que el gremialista Suárez fue procesado por haber entorpecido el tránsito de diversas vías navegables.